El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a 14 altos cargos Afinsa por ocasionar un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio "ruinoso" e "inviable" creado mediante "una operativa piramidal".
La compañía contaba en abril de 2006, momento en que se presentó la querella en su contra, con 190.022 clientes, y se encontraba "en una situación de absoluta insolvencia, conocida por los responsables, que, además, se esforzaron en ocultarlo para mantener la continuidad y el fraudulento negocio", dice el juez en un auto hecho público este miércoles.
Pedraz procesa al ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y a los altos cargos Albertino de Figueiredo Nascimento, Carlos de Figueiredo Escribá, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Francisco Blázquez, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler Antich, Juan Domingo Brualla y Jordi Domingo Brualla por la comisión de delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Además, procesa como partícipes a título lucrativo a otras seis personas: María del Mar Fernández Cerratos, Felisa Montoro Feijóo, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro.
El magistrado concreta que ha cuantificado el daño patrimonial en los mencionados 1.928 millones de euros "por el importe de déficit patrimonial de la compañía", cantidad menor que la del pasivo exigible por los contratos de inversión en mayo de 2006, que alcanzó los 2.574 millones, debido a que esta última suma "se ve aminorada por los activos" de la empresa.
Pedraz da a los procesados un plazo de 24 horas para depositar la cantidad y advierte que en caso de no hacerla efectiva, procederá a embargar sus bienes.
En un auto de 59 folios, Pedraz refleja el modus operandi de la compañía, que "carecía de sentido económico y de apoyo legal". Durante toda la vida de la empresa sus administradores fueron conscientes de que, para mantener la actividad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización.
Así, asegura que la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. "Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaron en la medida que se retribuía al ahorrador", dice el juez.
La insolvencia de la compañía, según el juez, se ocultaba a terceros mediante artificios contables avalados por el auditor. Pese a sus pérdidas, Afinsa mantenía su actividad --reflejando beneficios en sus cuentas-- gracias a que incrementaba de forma piramidal el capital invertido por los clientes y considerando que el capital nuevo que entraba cada año producía unos beneficios que no eran reales.
A costa del déficit patrimonial creciente, el crecimiento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio, cuya inconsistencia e inviabilidad está "fuera de toda duda", dice el magistrado.
