El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este martes al Presidente del Parlamento, Manuel Gracia, un informe especial sobre la atención que reciben los más de 700 menores que actualmente se encuentran privados de libertad en los 15 centros de internamiento con los que cuenta Andalucía, informe en el cual el Defensor pide, entre otras actuaciones, que se retiren las concertinas sobre el vallado exterior que aún existen en diez de estos centros o que se apruebe un Plan de Justicia juvenil en la comunidad.
Así, el Defensor del Menor expone que el objetivo del informe sobre 'La atención a menores infractores en centro de internamiento en Andalucía' ha sido conocer el funcionamiento de estos recursos y proponer recomendaciones que mejoren su trabajo de reeducación y reinserción social a favor de los chicos que han cometido un acto delictivo grave y se encuentran internados por decisión judicial. El resultado de la investigación, que se realizó en el segundo trimestre de 2014, concluye con una valoración positiva general de la atención que reciben estos menores, aunque apunta una serie de recomendaciones para ir resolviendo las deficiencias detectadas.
De este modo, y entre los datos que Maeztu ha presentado en rueda de prensa, ha mostrado su preocupación por el incremento de los casos de menores internados por delitos de violencia intrafamiliar --de hijos a padres--. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2007 y 2013, se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de delitos en un 60 por ciento, pasando de 302 a 510.
En el caso de Andalucía, durante 2013, del total de sentencias impuestas a personas de entre 14 y 17 años --4.480-- 510 se realizaron por violencia en el ámbito familiar --tras la denuncia de los progenitores--, lo que representa un 11,4 por ciento del total de sentencias impuestas --un 95,9% se debieron a delitos (489) y un 4,1% a faltas (21)--.
La presencia de estos menores ha motiva un cambio en la dinámica de los centros debidos a las especial característica del delito y perfil del infractor, ya que un significativo número de casos son cometidos por menores que provienen de familias normalizadas. En estos menores, la clase social no es un factor determinante y los delitos pueden encontrarse en familias de distinto nivel social, con familias incluso de clase media y alta, en la que, apunta Maeztu, "se produce un aumento de chicas del 37% frente a una bajada en los chicos del 11%".
Otra de las conclusiones de esta investigación, que se basa en los datos obtenidos a través de un cuestionario de trabajo remitido a todos los centros, visitas a los mismos y entrevistas mantenidas con los menores, profesionales, jueves y fiscales de menores, y equipos técnicos, es la presencia de menores del Sistema de Protección en los centros de internamiento. El informe concluye que de los 1.600 menores atendidos en 2013 en los 15 centros de internamiento, 171 estaban tutelados por el ente público protector de menores, aproximadamente un 11% del total. Y dentro de este grupo, el 53 por ciento --alrededor de 90 chicos-- tenían la condición de menores extranjeros no acompañados.
"DESAJUSTE" DE PLAZAS EN LOS CENTROS
Igualmente, el informe especial destaca la urgencia de resolver el desajuste de las plazas de los centros --con una ocupación media de un 89,85%-- en las provincias. Según apunta Maeztu, la distribución territorial de estas plazas "no se corresponde" con los datos poblacionales de menores de 18 años en cada una de ellas. Así, Almería cuenta con tres centros y un número de plazas total de 236, lo que supone en términos absolutos una plaza para 598 menores. En el otro extremo se sitúa Málaga, con un único centro de 15 plazas para una población menor de 21.000 personas. O el caso de Huelva, que carece de centro. Según estos datos, actualmente el 51 por ciento de los menores infractores se encuentran ubicados en provincias distintas a su domicilio familiar.
En cuanto a la tipología de las medidas de internamiento cumplidas por los menores durante 2013 --el 90% de ellos españoles--, el 73 por ciento están en régimen semiabierto; el 15 por ciento, terapéutico; el seis por ciento en régimen abierto; y otro seis en cerrado. Según ha precisado el Defensor del Menor, el tiempo medio de permanencia de los menores en los centros se eleva a 11,41 meses.
En función de la edad, el 28 por ciento de menores internados tienen 17 años; el 22 por ciento, 16; el 18 por ciento, 18 años; el 14 por ciento, más de 18; el 13 por ciento, 15; y el cinco por ciento, 14. Mientras, y según los niveles de estudio, el 54 por ciento tienen Educación Secundaria; el 23, Educación Primaria; el once por ciento no tienen estudios; el siete por ciento tienen Bachillerato; y el cinco por ciento, estudios universitarios.
Sobre el nivel de implicación de la familia en los procesos con el menor interno --que no reincide en un 80% de los casos--, el informe revela que en el 33 por ciento de los casos es bueno y en el 67 por ciento regular. Asimismo, en lo que se refiere al nivel formativo de la familia de los internos, el 20 por ciento tiene un nivel formativo medio; el 53 por ciento, básico; y el 27 por ciento no tiene estudios.
El Defensor del Menor ha valorado la ratio de trabajadores por internos, que ha calificado de "muy buena", con "hasta cuatro profesionales en algunos casos por menor infractor", que se pueden dividir en tres tipos: por alcohol, juegos, drogas, etcétera; por educación permisiva; y por salud mental. En este último caso, Maeztu ha insistido en la necesidad de "reforzar" la coordinación entre administraciones en las labores preventivas que eviten el desenlace del delito y su internamiento.
EL DEFENSOR ABOGA POR LA IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Así las cosas, el Defensor formula una serie de recomendaciones, además del Plan de Justicia juvenil y la retirada de concertinas, como elaborar una norma reglamentaria sobre organización, funcionamiento y características de los centros; suscribir un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior e Igualdad, Salud y Políticas Sociales para optimizar la atención a menores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento; o que la administraciones educativa, social, sanitaria y local, de forma conjunta y coordinada, deben incrementar la labor preventiva para atajar la delincuencia juvenil.
Además, aboga, entre otras, por establecer un Plan de actuación de distribución y reorganización y crear un centro en Huelva; reforzar el conocimiento a la sociedad sobre los centros; promover convenios de colaboración con los ocho Colegios de Abogados para facilitar la comunicación de los letrados con sus defendidos; establecer una línea de ayudas económicas para familias con escasos recursos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado del domicilio familiar; programas específicos de integración del menor tras salir del internamiento; y promover encuentros formativos y de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre todos los profesionales que trabajan con menores infractores.
