Hablemos claro

Por mucho que desde las federaciones de EMAs se tergiversen los escritos y las reuniones mantenidas con el área de Urbanismo o con el equipo redactor del Plan, la realidad es una, muy tozuda, que no se mueve a su antojo y de la que, afortunadamente para ellos y a pesar de sus muchas y variadas presiones, este equipo de Gobierno no se ha movido. 

Si lo hubiéramos hecho, si nos hubiésemos dejado llevar por esa presión, habríamos incumplido la Ley y ahora estaríamos -como están nuestros antecesores- respondiendo ante la Justicia junto, (y esto no debe obviarse) a los dueños de las construcciones ilegales. 

Por el contrario, lo que desde el principio de este mandato llevamos hablando con las federaciones, a las que, por cierto, les convendría no olvidar que desde Urbanismo vamos a actuar para legalizar EMAs con o sin su consenso porque con quienes realmente debemos acordar los términos es con los vecinos de cada EMA y ellos son meros aglutinadores de ese diálogo y no grupos de presión ni políticos, pues bien, lo que hemos hablado desde el principio, ha sido: 

1) que, entendiendo que el proceso de aprobación del PGOU ha sido muy dilatado (aunque si se miran otras poblaciones andaluzas andamos todos por el estilo), plantearíamos a la Junta de Andalucía -tan pronto como le elevásemos el documento de aprobación provisional para la definitiva- la posibilidad de adelantar al mismo la legalización de las EMAs que fueran legalizables. 

2) que debía construirse VPO en la ciudad para dar una alternativa económicamente viable a aquellas viviendas que no pudieran legalizarse y tuvieran, en el futuro, que ser demolidas. Actualmente se está tramitando la construcción de unas 4.000 VPO en el término municipal. 

3) que estudiaríamos la manera de autorizar las concesiones de luz y agua dentro del escaso margen que nos pudiera dar la Ley e hicimos un protocolo que no se llevó a aprobación porque iba a crear más expectativas que las que podría cubrir. 

4) que, dado que la LOUA no nos permitía paralizar las multas coercitivas, procuraríamos ralentizar las antiguas e imponer con mayor contundencia las de las construcciones más recientes. 

Además, tras una reunión con ambas federaciones y los jurídicos de Urbanismo, y consensuado posteriormente con los redactores del Plan, acordamos firmar convenios que recogieran la forma en que se iba a contemplar en el PGOU cada EMA para, con esa expectativa de legalización, poder dejar en suspenso los expedientes que acarrean las multas coercitivas, hasta su legalización real. 

Esto y ninguna otra cosa es lo acordado hasta la fecha y no ha sido un camino fácil. No me cansaré de recordar que la última modificación que hizo el Gobierno de la Junta en la LOUA, que endureció las cuestiones de disciplina urbanística, decidió obviar la realidad existente en Andalucía de miles de viviendas construidas, de ahí que el margen de actuación sea entre escaso y nulo. 

Por mucho que se os aliente a ello, con recomendaciones electoralistas o con amenazas, sinceramente entendemos que acompañar a las EMAs en el sendero de la ilegalidad, en lugar de reconducirlos hacia el 
cumplimiento de la ley, ni les beneficia a ellos ni beneficia a la ciudad. 

Por eso, a pesar de sus protestas, entendemos que este equipo de Gobierno ha hecho más por ellos que quienes les permitieron y alentaron a construir a su antojo. 

Estamos cerca de dar pasos muy importantes para iniciar la regularización y homologación de estas zonas con el resto de los desarrollos de la ciudad y aunque resulta evidente la componente política detrás de los movimientos de las federaciones, no puedo por menos que pedirles, desde estas líneas, un último esfuerzo de seriedad y compromiso real con sus asociados.