Benito García buscará soluciones a la crisis de gobierno desde el Grupo Mixto

Benito García de Torres, alcalde de Pozoblanco, compareció el pasado 2 de junio en rueda de prensa para comunicar la notificación por parte del Psoe de la expulsión como militante socialista y su paso al Grupo Mixto del Ayuntamiento, rechazando de manera rotunda la calificación de tránsfuga que le concedió el portavoz del Psoe, Serafín Pedraza, en el último pleno.

García informó que desde esta nueva situación, ya fuera del paraguas socialista bajo el que se presentó en las elecciones de 2007, se sentía más libre para poder formar un gobierno para Pozoblanco, salvando la situación de inestabilidad que está viviendo en la actualidad, cuando está siendo gobernando por la única figura del alcalde, después que él revocara a dos concejales y los cuatro restantes dimitieran de sus cargos. No quiso adelantar cuales eran sus intenciones a la hora de negociar con el resto de grupos políticos, aunque sí indicó que en el plazo de dos semanas se conocerían las nuevas posibilidades de gobierno para los dos años de legislatura que restan. García reconoció que la dificultad de gobernar en solitario, aunque agradeció a los técnicos municipales su labor para salvar esta crisis de gobierno que no puede dilatarse más en el tiempo. También indicó que seguiría adelante con el compromiso realizado a los ciudadanos pozoalbenses que le eligieron como alcalde y le han mostrado su apoyo, continuando con los proyectos que presentó en su candidatura.

Expulsión del Psoe

El ya ex militante del Psoe, Benito García, anunció que tras recibir la comunicación por parte de la Ejecutiva Federal de su expulsión el pasado 29 de mayo, no estaba en su planes presentar alegaciones a lo que consideraba que era “una decisión ya tomada por el partido”, aduciendo que sus alegaciones no harían sino dilatar un proceso que estaba perjudicando a Pozoblanco. Sí quiso dejar claro que no era un tránsfuga, puesto que no había negociado con ningún grupo de la oposición, “algo que sí han hechos los concejales socialistas a mis espaldas para reunir las firmas necesarias para presentarme una moción de censura”. La calificación de tránsfuga es algo que debe decidir la comisión creada a tal efecto por los grupos políticos que sumaron al Pacto de Antitransfugismo, pero no antes tal y como pretendía el portavoz del Psoe, Serafín Pedraza, con la única intención, según García, de invalidar los derechos como concejal del Grupo Mixto de poder asistir a las comisiones informativas.

Respecto a su expulsión, Benito García señaló al secretario provincial, Juan Pablo Durán, como único culpable de haber roto el partido pozoalbense, al igual que en su día ya hizo con el Psoe de Villanueva de Córdoba. Del mismo modo, acusó al secretario de la ejecutiva local, Manuel Llergo, de no dar la cara, “ya que lleva dos semanas sin recoger un burofax donde se le pedía con las firmas de más de un tercio de militantes de una asamblea extraordinaria en la que abordar una moción de censura a la actual ejecutiva local que está invalidada, y el partido sólo podrá regenerarse si se crea una nueva” . Preguntado sobre sus intenciones a la hora de crear una nueva formación política con el resto de militantes que le han demostrado su apoyo, Garcia se mostró tajante a la hora de afirmar que no entraba en su planes actuales y que se iba a centrar en crear un gobierno de transición para Pozoblanco puesto que su único objetivo ahora es devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Sobre la paralización de la obra en la alineación

La rueda de prensa sirvió también para aclarar la comunicación realizada a la empresa constructora El Ochavo sobre la paralización de la obra en la Avda. Villanueva de Córdoba esquina con Paseo Marcos Redondo, que fue remitida por el secretario general del Ayuntamiento de Pozoblanco, y que momentos después invalidó el alcalde a través de un decreto. García afirmó que la sentencia no se había pronunciado sobre la legalidad de la licencia, sino sólo sobre el recurso presentado por el portavoz socialista al acuerdo de pleno del 16 de septiembre de 2008 en el que se instaba a tal paralización de la obra, por lo cual se aclaraba que dicho acuerdo era un trámite procedimental y que como tal debía comunicarse a la empresa interesada, que tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones al respecto. Cumplido dicho plazo, será el pleno, según refirió el alcalde, el único órgano capacitado para acordar dicha paralización de obra.