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Pizarro anuncia que las obras de Las Aletas se iniciarán en septiembre

Ayer se reunió con los delegados provinciales de Cádiz

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  • El consejero de Gobernación, Luis Pizarro
  • El consejero afirma que la Junta está en disposición de ocupar los terrenos
  • No obstante, muestra su deseo de llegar a un acuerdo con los dueños a través del diálogo
Las obras de urbanización del polígono industrial de Las Aletas ya tiene fecha. Será en septiembre cuando la Junta de Andalucía inicie los trabajos para urbanizar los terrenos, fecha en la que está previsto que se cierre la tramitación del segundo expediente de expropiación iniciado por el Gobierno andaluz tras el varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló las primeras expropiaciones.

Así lo confirmó a la Cadena Ser el consejo de Gobernación, Luis Pizarro, quien ayer se encontraba en Cádiz para reunirse con los distintos delegados provinciales de la Junta de Andalucía. En dicho encuentro, el dirigente autonómico reclamó el esfuerzo de sus compañeros para cumplir las fechas, especialmente en las obras de infraestructuras de la provincia, ya que supone una mejora de la capacidad de Cádiz y la creación de empleo en medio de una complicada crisis económica.


Posteriormente, en rueda de prensa, el consejero de Gobernación confirmó la disposición de la Administración autonómica de iniciar las obras del polígono de Las Aletas. Este anuncio, que coincide en fecha con el agotamiento del plazo del segundo expediente de expropiación, se convierte en un ultimátum a los propietarios de los terrenos, con los que, no obstante, se mantienen las negociaciones para llegar a un acuerdo dialogado.

Según explicó Pizarro en declaraciones a la Cadena Ser, “el expediente en marcha permite ocupar los terrenos, pero esperamos si, a través de ese diálogo y las cifras que se están barajando, es posible llegar a un acuerdo con los propietarios”.

Pese a la disposición de la Junta de Andalucía por llegar a un consenso en las negociaciones, las posturas con los dueños de los terrenos todavía están muy alejadas, existiendo diferencias notables entre lo que ofrece la Administración autonómica y lo que piden los propietarios.

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