Seguro que a través de los medios de comunicación se habrán enterado de la asombrosa noticia: la “presunta etarra” Maite Aranalde –beneficiada en Francia por un error judicial y, ya en España, después de su extradición, (con nuestro blandito Código Penal en la mano) sin argumentos jurídicos para entrar de cabeza en la cárcel– no se ha presentado en el juzgado para su rutinario control y, ahora, saltan todas las alarmas y se decreta su orden de búsqueda y captura.
Si no fuera por la sangrienta y abominable historia de todo lo que rodea, desde hace algo más de cincuenta años, a los criminales y seguidores de la banda terrorista ETA, serviría de base para un fenomenal argumento de una película, entre los que encontraríamos a la inigualable Pantera Rosa y a su inseparable Inspector Crusoe.
Sin embargo, esta historia no tiene nada de cómico, todo lo contrario, es radicalmente patética y lamentable.
Y es que yo no me chupo el dedo y, la inmensa mayoría de ustedes tampoco y, de memoria –no la histórica, ¡qué también!, sino la de las neuronas– andamos aceptablemente bien. ¿Se acuerdan cuando los terroristas volaron la T-4 de Barajas a finales del 2007 y, oficialmente se dijo que había sido un “accidente”, a pesar de que hubo dos víctimas mortales y los daños materiales se cuantificaron en millones de euros, en vez de atentado terrorista?
O cuando algún tiempo antes, también oficialmente, se legalizó el Partido Comunista de las Tierras Vascas, siendo vox populi que era la heredera de la ilegalizada Batasuna, para que no se desbordaran las protestas y trifulcas de los gamberros –aspirantes a terroristas– en el País Vasco.
¿Hablamos de conversaciones, de tú a tú, entre los demócratas con los que se llamaron –solemnemente– hombres de paz, como Otegui o Josu Ternera? Por cierto, este último, pasó de la noche a la mañana de parlamentario autonómico –con sueldo a cargo de los impuestos de los honrados contribuyentes– de la Comunidad Autónoma Vasca a estar –como ahora Aranalde– en búsqueda y captura.
No, no tiene nada de cómico que una presunta terrorista en las mismísimas narices de nuestro Estado de Derecho –así lo proclama nuestra Constitución– se quite de en medio impunemente. Y mientras, el pueblo se pregunte por qué a presuntos delincuentes de delitos mucho menos grave que el terrorismo, como por ejemplo la especulación urbanística o el fraude fiscal, aparezcan esposados, abriendo y cerrando los informativos nacionales de televisión, y deban hacer frente a fianzas fabulosas, mientras que para una presunta terrorista, casi se le invite a fichar en el juzgado de turno una o dos veces por semana, sin que se le ponga la menor vigilancia policial.
Ahora, ¿quién responde de este error judicial o policial? ¿Saben quién?, como casi todo lo que ocurre en nuestro país –dentro de sus múltiples y superpobladas administraciones–: “nadie”.
Pero no se preocupen, que como siempre, las consecuencias de este desaguisado las pagará el ciudadano.
