Como nieto e hijo de emigrantes en busca de la prosperidad que la pobreza y la dictadura les negó, no hace falta que me expliquen el desgarro emocional que sufre un migrante, como yo también lo he sido. A la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, se suma el vacío que se siente al separarte de tus raíces, tu familia, tus amistades y tu terruño. Me lo contó mi abuela Lola cuando siendo una cría huyó con su madre en la genocida Desbandá de Málaga camino primero a Bilbao y luego a Suiza, y lo viví con mi padre en algunos traslados forzosos y ciertamente tortuosos.
Si a ello sumamos que uno de esos destinos fue Tánger, donde nos acogieron de manera extraordinaria y entablé amistades infinitas con marroquíes y saharauis, entenderán que en mí confluyan el trance de emigrar y la deuda que siento con Marruecos por el trato que me dispensaron a mis hermanos y a mí. Con esta doble experiencia en la mochila, llevo 30 años –desde que llegó la primera patera a las costas de Cádiz- rebelándome ante actitudes y mensajes racistas –o más bien aporofobia o rechazo al pobre-, que nacen desde la ignorancia, el prejuicio, la estulticia, un elitismo inasumible e incluso el dardo político populista que busca calar en la gente más necesitada. Han asociado al inmigrante con el intruso que nos roba el trabajo, con la sanguijuela que satura nuestra sanidad o acapara las ayudas públicas, y con el delincuente que viola a nuestras mujeres y mata a nuestros seres queridos. Añadan ahora la nueva fakenews sobre el inmigrante: es el coronavirus andante que viene a contagiarnos como guadaña que sesga la vida allá por donde pasa. Me duele especialmente que este mensaje tan falso como xenófobo haya llegado a una parte de la sociedad española a través de Andalucía, la tierra de emigrantes en un pasado muy reciente a la que quieren pisotear ahora su demostrado espíritu solidario e integrador. El traslado de inmigrantes de Canarias a Sevilla, Málaga y Granada puede encerrar torpezas, ocultaciones o negligencias del Gobierno central -eso ya se verá y se depurará a buen seguro-, pero ni eso ni nada puede justificar la práctica intolerablemente peligrosa que han protagonizado algunos cargos públicos y dirigentes políticos al cuestionar si les han hecho pruebas PCR y acusarles de saltarse el cierre perimetral de Andalucía. Estos partidos tienen todo el derecho o, mejor dicho, la obligación de controlar al ejecutivo nacional, pero al mismo tiempo tienen el deber legal y moral de no estigmatizar al inmigrante con falsedades.
