Andalucía, en desacuerdo con el anteproyecto de ley de FP

La Junta de Andalucía ha mostrado su desacuerdo con la redacción del anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP), presentada este martes por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

El texto, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio en primera lectura, se ha presentado hoy a las diferentes comunidades autónomas en la conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo con el objetivo de recabar su posicionamiento ante el desarrollo de la normativa.

La consejera de Empleo andaluza, Rocío Blanco, afirma en una nota que el texto "va a ser clave para el desarrollo de la FP, integrando dos sistemas que ahora mismo conviven (el de ámbito educativo y el laboral), pero que aún presenta indefiniciones y dualidades que no se han corregido a pesar de las alegaciones remitidas por las comunidades autónomas".

El informe presentado hoy, ha añadido Blanco, no recoge "las alegaciones trasladadas desde las diferentes comunidades autónomas para que esta nueva ley integre la FP tanto en el ámbito educativo como en el laboral de manera igualitaria, no dejando la FP para el Empleo en un segundo plano”.

Entre otras peticiones, se ha trasladado desde varias comunidades autónomas la falta de regulación del sistema de financiación de la ley, así como la dualidad que se mantiene entre ambos sistemas de FP, “cuando el objetivo de la norma es integrar los mismos”, ha enfatizado la consejera.

Por otra parte, Blanco se ha congratulado de que al menos sí se ha recogido una de las solicitudes remitidas desde el gobierno andaluz sobre la edad de acceso a los certificados de profesionalidad para que se reduzca a los 16 años y no a los 18, como recogía hasta ahora el anteproyecto del gobierno de España.

Gracias a esta modificación podrán acceder a los certificados jóvenes desempleados que antes quedaban fuera de esta normativa, ha subrayado la consejera.

“Esta nueva ley debe nacer del consenso y aunar todas las aportaciones de las diferentes comunidades autónomas”, ha concluido Blanco.