¿Por qué los ayuntamientos concluyen su mandato constitucional y los concejales y los alcaldes se someten al veredicto de las urnas, sin plantear ni cambiar ni conculcar la legislación para quedarse 1000 días más en el cargo, con el mandato caducado? ¿Por qué los diputados y senadores, tanto nacionales como autonómicos, respetan los tiempos de sus legislaturas y cuando terminan sus periodos para los que han sido elegidos cierran sus carpetas, recogen sus pertenencias y se someten disciplinadamente al veredicto de los electores para que la voluntad de los ciudadanos sea la que impere? ¿Por qué el gobierno de la Nación - ni ningún autonómico- no se quedan en el cargo un día más de los que les corresponden, de acuerdo con las leyes y la Constitución? Porque respetan con suma escrupulosidad tanto el espíritu como la letra de la la Constitución y de las leyes que la desarrollan.
¿Por qué el Consejo General del Poder Judicial está prolongando el desempeño de sus funciones 1000 días después de haber caducado su periodo de mandato? La misma pregunta se puede hacer sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Sus integrantes se quedan en el cargo a pesar de haber concluido el periodo para el que fueron nombrados.
¿Son culpables los que siguen en los cargos, a pesar de la haber caducado sus mandatos? No, evidentemente, aunque se echa en falta un arranque de dignidad ética en los que son nombrados por los representantes de la soberanía nacional. Conocen que no es de recibo continuar y escandalosamente sólo protestan de boquilla -se verá el próximo día 6, en la apertura del Año Judicial- dejando pasar el tiempo sin adoptar ninguna medida de reacción efectiva para modificar la situación irregular en la que se hallan. Pueden seguir porque no hay obstáculos legales en contra. Moralmente, con su permanencia, son unos colaboradores necesarios en el incumplimiento de las normas.
Los actuales componentes de esos órganos lo son conforme a unas normas que se han utilizado gobernando el PP -tanto con Rajoy como con Aznar- pero ahora, que la composición de las cámaras ha cambiado, piden la modificación de los procedimientos para siquiera abrirse a la negociación. Todo el mundo conoce que la realidad es bien distinta. Es penoso reconocerlo: quieren la prolongación de los mandatos por motivos espurios: controlar. Por eso bloquean.
