Los recortes laborales no son patrimonio de ninguna administración. Todas parecen subirse al carro de la austeridad a pesar de que en ocasiones se tocan servicios que son claves para atender al ciudadano en tiempos de crisis.
Es el caso flagrante del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que si bien presta atención a los más de 6.500 arcenses en situación de paro laboral, sufrirá en breve recortes drásticos en su personal. Igualmente, el servicio paralelo de empleo antiguo INEM. Si se producirán despidos por ambas partes, la guerra política ya ha comenzado por parte de PP y PSOE como cabezas visibles de los gobiernos central y autonómico. En este sentido, la Junta echa en cara al Gobierno central las consecuencias de los recortes desde Madrid.
Según confirman fuentes de la Delegación Territorial de Empleo, la oficina de Arcos “estará disponible desde el primer día laborable de enero para atender a sus usuarios, y se está estudiando y trabajando desde el SAE la manera de ofrecer su servicio con la mayor calidad posible a las personas desempleadas que acuden a estas instalaciones”, aunque las mismas fuentes no han precisado cuántos trabajadores podrían ir al paro, aunque en este sentido tan sólo tres personas podrían permanecer en las oficinas para atender a una auténtica avalancha de desempleados. No obstante, desde el SAE de Cádiz confían en “la labor y firme compromiso de todo el personal de nuestras oficinas de Empleo con el trabajo que se realiza en ellas”.
Aunque al parecer aún no se les ha confirmado nada oficialmente, un grupo de trabajadores podría cesar a partir del 2 de enero, dejando las oficinas con un personal mínimo que, aparentemente, no podría atender la importante demanda que se produce, a pesar de que los servicios se presenten desde hace unas semanas a través de una cita previa que pone límite al número de atenciones diarias en el centro de trabajo.
Algunos afectados por los recortes piensan que el desmantelamiento de personal de la oficina local “sólo acarreará problemas en la gestión de la oficina, con independencia de que gran parte del trabajo se desarrolle a través de las nuevas tecnologías de la comunicación”. Además, se temen que detrás de los recortes se encuentre el objetivo de “meter por la puerta de atrás” a determinados trabajadores a los que se les buscaría un puesto mediante la reestructuración de los servicios públicos de empleo.
Como ha declarado recientemente el consejero de Economía, Innovación, Ciencia Empleo, Antonio Ávila, desde la Junta de Andalucía se considera que el Gobierno de la Nación está desmantelando las políticas activas de empleo. Ávila destaca la “agresión” del Gobierno de la Nación a Andalucía tras recortar la financiación de las políticas activas de empleo en 400 millones de euros y negar a la comunidad autónoma andaluza un plan de empleo como el que tienen Extremadura o Canarias.
El consejero de Economía critica la “desvergüenza” del PP al responsabilizar a la Junta de los recortes en materia de empleo, “cuando es el Gobierno de la Nación quien recorta”. La Junta de Andalucía insiste en reclamar al Ejecutivo central un aumento en la financiación de las políticas activas de empleo.
A pesar de esta situación, se está haciendo todo lo posible desde el SAE para que en enero las oficinas abran con una estructura de personal digna con la que atender a los demandantes.
