El pleno ordinario del mes de septiembre puso sobre la mesa la noche del lunes un total de 17 puntos que encontraría una de sus claves en la dación de cuentas sobre las bolsas de empleo público por parte del Ayuntamiento. Aunque la cuestión no se sometería a votación alguna, sí que originó un agrio debate sobre la política de contratación municipal. No obstante, la dación de cuentas admitía la exposición de los procesos de contratación al margen de esas bolsas de empleo, las comisiones de servicio que afectan a la Policía Local y a los administrativos municipales, aunque decayera el relativo a la suspensión del contrato con Fomento de Construcciones y Contratas, pospuesto para una siguiente sesión.
El Gobierno municipal no estaba obligado a llevar estas daciones de cuentas, pero en todo momento defendió su transparencia en cuestiones que afectan a la actividad laboral municipal.
El Gobierno informó a través de su portavoz, la socialista Ana Carrera, sobre la próxima puesta en marcha de dos nuevos planes de empleo desde la Junta; el primero para jóvenes, a razón de 106 contratos durante seis meses y un presupuesto de casi 854.000 euros; el segundo, que afectaría a mayores de 25 años, contaría con 65 contratos durante seis meses y una inversión de 542.400 euros. En suma, casi 1,4 millones de euros, lo cual significa para el grupo de Gobierno “una buena noticia”.
Sin embargo, en la primera intervención del pleno, la portavoz de Arcos en Común, Susana Pérez, puso en duda la transparencia de las bolsas de empleo al no contar en la mesa de contratación con los grupos de la oposición, al no haber sido publicadas en los medios oficiales (BOP, web municipal y tablones de anuncio), pero sobre todo la reciente salida de la mesa de la Asociación de Desempleados Rafael Pérez del Álamo.
Con parecidos argumentos se expresó el portavoz del grupo Ai-Pro, Manuel Erdozain, quien fue más allá para preguntar dónde está la financiación de las bolsas, a las que tildó de “decretazo” por la ausencia de la oposición. Criticó que puedan formar parte de las mismas jóvenes con dieciséis años y que los miembros de la oposición hayan sido, desde su punto de vista, “ninguneados” en todo el proceso.
El portavoz ocasional del PP, Sebastián Ruiz, acusó al Gobierno municipal de levantar “falsas expectativas” en la población con unas bolsas de empleo que adolecen de información, de rigor, criterio y de un informe de intervención que explique su incidencia en el capítulo uno del Presupuesto General (Personal). Con estos argumentos, el PP pidió la retirada del punto, hasta tanto, además, las bolsas de empleo cuenten con el visto bueno de la Junta de Andalucía, para que no ocurra lo mismo que en el vecino Ubrique, donde la administración autonómica habría rechazado un proceso parecido por errores de forma. En suma, el PP consideró que la falta de objetividad marca estas bolsas que todavía no han empezado a funcionar.
Desde el grupo de Gobierno, Ana Carrera aprehendió a PP y a Ai-Pro asegurándoles que “ahora no se contrata a dedo como en el anterior mandato”. También explicó que antes de publicar por los medios oficiales reclamados el reglamento de las bolsas, el ejecutivo creyó conveniente dar cuenta ante el Pleno, teniendo en cuenta que lo único que se ha elaborado han sido los rasgos generales de las bolsas, las cuales permanecerán llegado el momento en exposición pública para posibles alegaciones. En un momento dado, Carrera le preguntó a modo de réplica al PP qué expectativas laborales existían durante su mandato.
En el turno de réplicas, Ai-Pro quiso sembrar la duda con una presunta política de “enchufismo” y el PP se cuestionó el grado de cumplimiento de la Junta con los nuevos planes de empleo que impulsa, ya que aún debe al municipio parte de los anteriores planes de empleo y el 25 por ciento de los talleres de empleo ya clausurados. En un momento dado el portavoz del PP preguntó a su homónima socialista y diputada provincial de Empleo por qué no se beneficia Arcos de los nuevos planes de Empleo de Diputación, cuando en realidad esos planes se han diseñado para los municipios menores de 20.000 habitantes. Ana Carrera le respondió qué ha “traído” a Arcos durante cuatro años como senador del Estado, de momento ni las ayudas estatales para la consolidación de la ladera oeste de la ciudad, señaló la portavoz socialista.
El alcalde y presidente del Pleno, Isidoro Gambín, intervino para cerrar las réplicas para señalar que lo más apropiado era que no hubiera presencia “política” en la mesa de contratación de las bolsas de empleo, ni de la oposición ni del propio Gobierno. Ello acabaría originando un debate sobre la percepción de la sociedad sobre la clase política. Gambín aprovechó para tender nuevamente la mano a la Asociación de Desempleados Rafael Pérez del Álamo para revisar los términos de las bolsas de empleo y que, a tal efecto, reconsiderara su reincorporación a la mesa de contratación, puesto que las bolsas están aún abiertas a posibles alegaciones.
OTROS PUNTOS
Los puntos tercero, cuarto y quinto se refundieron en un único debate que se saldaría con el voto unánime de todos los grupos. Se trataba de acogerse a las nuevas herramientas de transparencia en la gestión pública que brindan entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias; un punto sin aparentemente trascendencia pero con el que Arcos cumple con las instituciones democráticas del país.
El siguiente punto del orden del día aprobaría el reglamento que regulará a partir de ahora el funcionamiento de los centros sociales o cívicos de Arcos. Arcos en Común introdujo una enmienda para que se tenga en cuenta la opinión de los colectivos vecinales afectados. El punto trajo consigo una exposición de PP y Ai-Pro sobre su trabajo en pro de estos centros durante su mandato en el Gobierno municipal. El grupo gobernante defendió que los centros necesitaban de un reglamento que velara tanto por los intereses de los vecinos como por la defensa del patrimonio público, y recordó que la mayoría de los centros sociales de Arcos fueron creados con un gobierno socialista.
El punto relativo a la restauración del defensor de la Ciudadanía, salió adelante de manera unánime, pero dejó entrever diferencias sobre la persona que ostentará de nuevo el cargo. De hecho, PP y Ai-Pro se justificaron con el plan de ajuste del anterior mandato, que a nivel nacional aconsejaba la eliminación de la figura del defensor para ahorrar gastos. Sin embargo, el único gasto de esta oficina fue la nómina de la administrativo que le ayudaba –ya era y es trabajadora municipal- y los gastos de desplazamiento en caso de asistir a alguna reunión fuera de Arcos, puesto que el defensor no percibe sueldo alguno, y sólo es ayudado ocasionalmente por el abogado municipal. En este sentido, tanto PP como Ai-Pro aseguraron que dotaron durante su mandato al defensor de todos los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, aunque el portavoz de Ai-Pro vino a pedir que la institución siga adelante pero con un defensor de consenso. Sin embargo, durante el nombramiento de Pepe Salas como defensor hace cuatro años, los estatutos permitían la prorrogación del cargo.
