La Corporación municipal celebró la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, en la que destacaron los puntos vinculados a la gestión económica. De hecho, fue la delegada municipal de Hacienda y Personal, la socialista María José González Peña, la encargada de defender los posicionamientos del ejecutivo. Los dos primeros puntos destacados del pleno fueron modificaciones presupuestarias que se justifican con la obligación de pagar los intereses de las sentencias en firme que no se han abonado hasta la fecha; una situación que ha derivado no sólo en continuos requerimientos judiciales, sino incluso en las multas coercitivas de entre 1.000 y 1.500 euros que los primeros cargos municipales están sufriendo, a veces incurriendo por este motivo en un delito de desobediencia.
Así, el Ayuntamiento se dota de financiación para pagar este concepto, aunque ya el equipo de Gobierno se acogió al fondo de ordenación en 2015 para abonar sentencias en firme por valor de 4,3 millones de euros. Sin embargo, los requerimientos han persistido en el tiempo.
Una vez más, la delegada de Hacienda ha defendido “la política económica coherente” de su ejecutivo, de ahí su compromiso de dar trámite a todos los requerimientos que lleguen al Ayuntamiento. En este sentido, uno de los más llamativos exige el pago de unos 250.000 euros.
En vistas de que el Ayuntamiento no tiene capacidad de aumentar los ingresos, la modificación presupuestaria aprobada implica retirar el dinero de otras partidas del presupuesto prorrogado; en primer lugar 150.000 euros del fondo de contingencia y 100.000 euros del plan de apoyo a los autónomos.
La delegada ha señalado que estas operaciones no se producen por capricho, sino por obligación legal, sin que por ello se reste apoyo municipal a los autónomos, entre otros motivos porque el plan de donde saldrá el dinero era ilegal a todas luces al haber sido aprobado el anterior mandato sin informe de intervención y de secretaría, según explica la delegada, amén que el entonces gobierno municipal no tenía potestad legal para aprobar un plan de subvenciones de estas características.
Para contrarrestar esta situación, el actual Gobierno municipal ha reactivado la oficina del programa ‘Orienta’ de la Junta y ha logrado un proyecto de ‘Lanzadera de Empleo’ y ayudas a cargo del programa ‘Idea’ para colaborar con los autónomos y emprendedores.
En el caso de la segunda modificación presupuestaria aprobada, se justifica con la necesidad imperiosa de ampliar el cementerio municipal ante la manifiesta falta de nichos. La primera fase de trabajos se acometerá, al parecer, inminentemente gracias a los recursos obtenidos de la operación financiera.
El valor de la obra es a priori 175.000 euros que saldrán de las partidas de infraestructuras y mantenimiento, gastos de funcionamiento y actividades culturales. Con la liquidez obtenida, además de atender la necesidad del cementerio, también se instalará el aire acondicionado en el edificio de la Casa de los Paletos, convertido en centro de estudios. Esta actuación tiene un coste de 15.800 euros. Según señala González Peña, este espacio está siendo muy utilizado por sus prestaciones de cara al estudio, lo cual justifica esta intervención.
Todos los grupos acabaron apoyando estas modificaciones de crédito, para lo cual también ha sido determinante la política de contención del gasto que viene llevando a cabo el equipo de Gobierno socialista. Con este panorama, el ejecutivo podrá ir dirigiendo nuevas partidas al gasto corriente.
Superávit provincial
También dentro de los asuntos económicos aprobados cabe destacar la adhesión del Ayuntamiento de Arcos la propuesta de Reinversión del Superávit al concepto de Inversiones Financieras Sostenibles, con lo cual se apoya la petición de los ayuntamientos para que Diputación realice actuaciones sostenibles con el territorio y sin cargo a las administraciones locales. En 2016 Diputación obtuvo un superávit de unos 70 millones de euros. Ese dinero sirve, entre otras acciones, para la puesta en marcha del plan ‘Invierte’, que viene a sufragar pequeñas actuaciones en los municipios que difícilmente se podrían acometer con recursos propios.
El orden del día reflejó además la propuesta de la delegada de Educación relativa a la aprobación del convenio de cooperación entre las delegaciones territoriales de las Consejerías de Educación, Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. Si bien es un tema, afortunadamente, con escasa incidencia en el municipio, combatir el absentismo escolar es cuestión de ley y motivo de preocupación. En la recta final del pleno se aprobó, además, un protocolo de la Delegación de Cultura de cara al reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, así como una moción del PP para la rotulación de un espacio público con el nombre de Miguel Ángel Blanco.
