Como no podía ser de otro modo, Alternativa Independiente Progresistas (Ai-Pro) ha lanzado sus condolencias a su concejal Leopoldo Pérez por la pérdida de su esposa. Su portavoz y secretario General, Manuel Erdozain, trasladó personalmente su pesar a toda la familia en nombre de la formación política.
Respecto al último pleno, señala que “al Gobierno se le ha desnudado su idea fuerza que era la revolución económica, pero desgraciadamente todo ha sido un espejismo”, señala Erdozain, que se lamenta de que el ejecutivo se cuestione “la profesionalidad de la interventora”, en alusión a las declaraciones del alcalde en las que ponía en juicio los informes de este servicio. “Está claro que a este gobierno no le gusta que le canten las cuarenta. El alcalde habla de su verdad, pero la verdad es diferente. Le queda poco tiempo a la interventora porque ha puesto su posición al servicio del interés público y no de un gobierno que intenta trasladar su dictado”.
Erdozain, vuelve así a vaticinar la marcha de la interventora, para sumar “la actitud pasiva del alcalde y del equipo de Gobierno por dejadez de funciones”, manifiesta en alusión a la falta del Presupuesto General. En concreto, se refiere a las modificaciones de crédito aprobadas para ejecutar dos actuaciones en la vía pública. “El equipo de Gobierno ha perdido el norte”, dice Erdozain, que también critica que la deuda viva del Ayuntamiento, es decir, la deuda bancaria, se ha situado en 2018 en 55,8 millones de euros, mientras que en 2019 sería superior. “Si añadimos otras deudas, hablaríamos del doble prácticamente”, asegura Erdozain, que recurre a los datos de Intervención.
Igualmente, se refiere a las presuntas anomalías económicas informadas por la interventora, entre ellas contratos eventuales que “pueden ocasionar un quebranto de la cuentas municipales”. El informe solicita un reajuste de la plantilla y una oferta pública de empleo para estabilizar la plantilla. Intervención señala en su informe que se sigue contratando mensualmente para servicios cuya prestación es obligatoria, por lo que considera que no existe la urgencia de la que habla el equipo de Gobierno. Del mismo modo, asegura que “la interventora no sabe cómo se contrata”, para amenazar en este sentido con una posible acción legal contra el Gobierno. Erdozain manifiesta que se ha gasto más de 20 millones de euros en contratos y que existe “un desfase de cinco millones en el capítulo de personal del presupuesto prorrogado”.
Además, el informe de intervención señala que en cinco años no se habría cobrado nada por sanciones a las viviendas ilegales que vuelven a proliferar en Arcos y que, por tanto, no se ha hecho nada en materia de inspección.
