La presidenta del PP de Barbate, Ana Moreno, ha denunciado que el alcalde barbateño, Miguel Molina, "se ha aliado con el PSOE más radical" y, en consecuencia, tanto andalucistas como socialistas "se han negado a proteger la propiedad de las viviendas y han rechazado en el Pleno municipal pedirle al Gobierno de España que cree una ley antiokupación que garantice la integridad de las casas", tras una moción presentada por los populares.
"La okupación ilegal es un problema real que se acrecienta y afecta a la clase media, a los barbateños que tienen en sus casas el fruto de toda una vida de esfuerzos, trabajo y sacrificios", por eso "no entendemos que el alcalde de Barbate se ponga de perfil ante esta alarma social para contentar a un PSOE que, desde el Ejecutivo nacional, cuestiona derechos constitucionales como la propiedad privada y deja en la máxima indefensión a las víctimas de las okupaciones ilegales", aclaran los populares-
"En el Partido Popular estamos con las personas y no podemos cruzarnos de brazos cuando vemos un problema que se agrava y acecha a nuestros vecinos, y que deja víctimas con nombres y apellidos", añaden.
Al respecto, Ana Moreno ha añadido que esas víctimas "no sólo son las personas que sufren el calvario de verse sus casas okupadas, sino también los vecinos de esos inmuebles que tienen que soportar de igual manera los estragos de los okupas y de las mafias que se esconden en tantos de estos episodios como éstos".
"Los ciudadanos necesitan que se protejan sus derechos y es lo que hacemos desde el PP promoviendo una ley antiokupa con desalojos en 12 horas, penas de cárcel de 1 a 3 años para la okupación con violencia, 3 meses de prisión para quienes inciten a este delito y que no se permita a los okupas empadronarse en las viviendas ocupadas", explca Moreno. "Con esta nueva ley que desde el PP pedimos al Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían acometer desalojos exprés antes de 12 horas para garantizar el derecho a los propietarios y evitar poner en peligro la seguridad de los vecinos". También facilitaría a las comunidades de propietarios "que puedan adoptar medidas legales ante comportamientos violentos de los okupas y actuar directamente ante los tribunales, así como a las personas jurídicas".
Para el PP barbateño, "el bienestar constitucional no puede estar en cuestión, y todos los partidos de Barbate deberían dejar claro su compromiso con ello, pero tristemente vemos cómo el PSOE y sus aliados andalucistas han hecho todo lo contrario, posicionándose en contra de los barbateños y de su protección".
