El Juzgado de Primera Instancia de Cádiz ha acordado despachar una ejecución provisional contra Enrique Pina Campuzano, exconsejero del Cádiz CF, por una cuantía de 5 millones de euros en concepto de principal, así como 1.499.000 euros por intereses y costas.
Esta ejecución, dada a conocer por el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, procede de la sentencia dictada el pasado 18 de junio contra Pina, por la cual se consideraba acreditado el incumplimiento por el exconsejero delegado del club cadista de los pactos suscritos en su día con Vizcaíno, condenándole a abonar la cuantía expresada.
En virtud de esta nueva resolución, el magistrado del Juzgado ha acordado "proceder al embargo de bienes y derechos del ejecutado, en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades reclamadas", señala en un auto del pasado martes y dado a conocer este viernes.
Asimismo, se requiere a Pina para que, en el plazo máximo de diez días, "manifieste ante el Juzgado", una relación de bienes y derechos "suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión en su caso, de cargas y gravámenes".
Vizcaíno resalta la existencia en el auto de "apercibimiento de sanciones" para Pina en caso de que no presente la relación de sus bienes, entre otras posibles irregularidades.
La resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. El auto añade que Pina no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas, las cuales ya han sido solicitadas por la representación procesal de Manuel Vizcaíno.
Hace unos días, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz archivó, por otra parte, una querella presentada por el Cádiz contra Pina, en otro de los procesos judiciales abiertos entre ambas partes.
Enrique Pina, empresario murciano relacionado con el fútbol, ha sido presidente del Granada, además de consejero delegado del Cádiz, entre otros cargos en clubes deportivos.
Cádiz
El Juzgado acuerda una ejecución contra Quique Pina de 6,5 millones de euros
El magistrado ha acordado "proceder al embargo de bienes y derechos del ejecutado, en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades reclamadas"
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Se requiere a Pina para que, en el plazo máximo de diez días, "manifieste ante el Juzgado", una relación de bienes y derechos
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