El director de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, afirma que los servicios jurídicos de su organización están analizando si durante la cumbre del Clima de Copenhague el Gobierno danés ha vulnerado los derechos humanos.

Un mes antes del inicio de la Cumbre, el Gobierno de Dinamarca amplió las competencias de la Policía, aumentó las penas de prisión y endureció la legislación para aplicar la prisión preventiva y evitar altercados de orden público.

Fruto de esa legislación, la Cumbre finalizó con multitud de detenciones, entre ellas las del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y otros tres activistas de la organización, quienes el pasado 17 de diciembre se colaron en la cena de gala que la reina de Dinamarca ofreció a los jefes de Estado y de Gobierno al término de la Cumbre del Clima de Copenhague.

Los cuatro permanecen en prisión preventiva, en régimen de aislamiento e incomunicación y sin fecha de juicio, hasta que finalice la investigación policial el próximo 7 de enero.

El director de Greenpeace Internacional, que realiza una gira por los países de origen de los cuatro detenidos para reclamar su liberación, ha criticado la detención preventiva que se ha aplicado a los cuatro activistas “pese a que Greenpeace ha ofrecido información y colaboración en todo momento”, y “jamás ha eludido una cita con la justicia”.

Para Kumi Naidoo, la detención de los cuatro miembros de Greenpeace es un “atentado a los derechos humanos”, además de un acto “desproporcionado, injusto, innecesario y completamente falto de compasión”, ya que los cuatro llevan 21 días incomunicados y han pasado las Navidades sin ver a sus familias.

El director de Campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha anunciado, no obstante, que gracias a la labor diplomática del Gobierno español y de la organización ecologista, López de Uralde podrá recibir hoy la visita de su mujer Koro Castellano, y de su hermano Íñigo.

No obstante, desde Greenpeace la noticia no es tan alentadora como para pensar que el próximo día 7 de enero quede libre.

Ese día se celebrará una vista en la que el juez puede decretar libertad sin cargos para los detenidos, la ampliación de la prisión preventiva o fijar los cargos definitivos y la fecha del juicio, en cuyo caso quedarían en libertad a la espera de ser juzgados.

Por el momento, los detenidos están en prisión preventiva acusados de falsificación de documentos, suplantación de una autoridad pública y por allanamiento de morada.