La industria pesquera de la provincia contaba con una flota de 200 embarcaciones y 3.500 marineros embarcados y, en torno a esta actividad, se contaban otros 4.500 puestos de trabajo vinculados a la empresa auxiliar dedicada a las reparaciones y limpieza en varaderos, descarga o fábricas de hielo. Altadis, la fábrica de tabacos gaditana fundada en 1741 por Felipe V, sumaba un millar de empleados, y Delphi, 2.200. De estas pujantes factorías solo quedan los edificios abandonados. La asociación civil CR-9. Acción Bahía de Cádiz, representantes de los trabajadores de Airbus y de la Coordinadora de Trabajadores del Metal hacen referencia al cierre de estas firmas y de otras tantas, como Navalips, compañía qie producía todo tipo de hélices para Astilleros españoles y otros menores, varaderos, e incluso demanda exterior, con una plantilla de 100 personas, o Visteon, consagrada a la fabricación de componentes electrónicos y 400 operarios, para concluir que “los parques industriales de Cádiz, lamentablemente, se han convertido en los últimos 40 años en tenebrosos cementerios industriales”.
Los representantes del movimiento, que se reunieron esta semana con el alcalde Cádiz, José María González, Kichi, en una primera toma de contacto con los regidores de los municipios de la Bahía de Cádiz, para abordar su preocupación por la desindustrialización, apuntan al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea como causa, y advierten de que la situación se agravará ante la indiferencia y la desunión de las administraciones públicas.
Pedro Castilla, portavoz de CR-9, considera que es urgente y necesario impulsar al menos las dos industrias locomotoras de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste, Navantia y Airbus, ambas situadas en Puerto Real. De esta manera, considera, “se rescatará el crucial tejido industrial que compone las industrias auxiliares, dispersas por el entorno”, y se podría atajar “la deportación o destierro de su gente”, que emigra en busca de oportunidades, y “el hundimiento” económico.
En el caso de Navantia, el estudio elaborado por la entidad concluye que tanto Ferrol como Cartagena disponen de una posición privilegiada. En este sentido, el documento señala que Navantia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fortalecen la construcción naval militar en la Ría de Ferrol, con importantes inversiones programadas para adaptar las instalaciones. Con ello, se llevaran a cabo cinco fragatas F-110, una de ellas iniciada en abril de 2022, con un presupuesto total de 4.325 millones de euros, un plazo de ejecución de diez años, 20 millones de horas de trabajo y una media de 3.500 empleados. Además, este macropedido reportará 260.000 horas de trabajo a la fábrica de turbinas de Navantia, en el astillero de Ferrol. Por otro lado, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) naval se apoya en el Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena) inaugurado por Siemens en Ferrol.
La construcción de cuatro submarinos de la serie S-80 garantiza la viabilidad de las instalaciones en Cartagena, Murcia, con un presupuesto de 3.925 millones de euros, 2.000 empleos de manera directa y otros 7.000 en la industria auxiliar. Navantia cuenta, además, con una unidad productiva en Cartagena, que fabrica motores de cuatro tiempos diésel para alta y media velocidad y motores para buques navales, y terrestres.
No solo eso, la empresa pública y el Gobierno están desplazando la construcción civil a la cornisa cantábrica, concretamente a Bilbao y Gijón. En Puerto Real, sin embargo, se rechaza la construcción de buques gaseros. “La Junta lleva más de dos años entretenida con el Plan de Acción Crece, para impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de una nueva política industrial en Andalucía” y no es hasta ahora, “tras varios años parado, cuando por fin se pone en marcha el Centro de Fabricación Avanzada (CFA)”.
De momento, lamenta la asociación, “solo se reparan unos cruceros, que no aportan valor añadido alguno, y se ha producido un intercambio de recriminaciones entre la dirección de Navantia y la industria auxiliar, con el telón de fondo de la mano de obra extranjera, necesarias para acometer las distintas reparaciones en los barcos”.
La “hecatombe” de Airbus preocupa, con el anunciado cierre de planta de Puerto Real en 2024, dado que, cada empelado genera cuatro puestos de trabajo en las empresas auxiliares. CR-9 plantea dos alternativas. La primera propone el traslado de las plantas de CBC, de El Puerto, y Puerto Real a la Zona Franca del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real. De esta manera Airbus mejoraría la competitividad de sus dos plantas, obtendría beneficios fiscales, dada su nueva radicación, eliminaría duplicidades funcionales, optmizaría presupuestos y reforzaría su importancia estratégica en la Bahía de Cádiz, con la Base Naval de Rota en su entorno.
Como segunda opción, defiende que el Gobierno comprometa a la multinacional Airbus para que esta considere a la factoría de Puerto Real empresa preferente y destine los trabajados contratados por el consorcio en los cuatro o cinco próximos años en ella. Para ello, habría que dotarla de los equipamientos para convertir la fábrica nueva en una 4.0, que se complementaría con el Centro de Investigación Tecnológico de la Bahía de Cádiz y el CFA.
El CFA, que debería investigar y desarrollar el hidrógeno limpio como combustible para futuro, permitiría además desarrollar un ambicioso proyecto para construir un prototipo de crucero medio para un armador nacional, bajo un precio pactado a través del fondo de préstamos reembolsables y que se dedique al atender preferentemente a los mayores de 55 años, en acuerdo con el Imserso, huyendo de la turisficación de los megacruceros. Con todo, finalmente, CR-9 remarca que esto ayudaría a crear oficios no existentes en la Bahía de Cádiz, dentro del programa, con cursos específicos, para ser autosuficientes.
