Canarias (0,5 puntos sobre 10), Madrid (2) y la Comunidad Valenciana (2) continúan a la cola en lo que a la aplicación de la Ley de la Dependencia se refiere, mientras que en cabeza se colocan Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla y León y Aragón, todas ellas con 8,5 puntos.

Esas tres comunidades con menor puntuación “continúan empeñadas en privar a sus ciudadanos de los derechos que les reconoce la legislación”, según las conclusiones del VI dictamen del Observatorio de la Dependencia, difundido ayer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Tras Canarias, Madrid y Valencia también suspenden Extremadura, Ceuta y Melilla (gestionadas por el Imserso), Baleares y Murcia, todas ellas con 3,5 puntos.

Aprueba Asturias (5), y le siguen Cataluña (5,5), Galicia (5,5), Cantabria (6,5), Navarra (7), La Rioja (8) y Andalucía (8).

En general, el informe constata una mejora en la implantación de la Ley que pasa de una puntuación media de 4,97 puntos (enero 2010) a 5,44 (junio 2010), en un plazo de seis meses.

La evaluación tiene en cuenta, entre otros, factores como el número de solicitudes, dictámenes y beneficiarios sobre el total de población, personas con derecho aún pendientes de prestación o servicio, integración efectiva en la red local de servicios sociales o alta de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social.

Además el informe destaca que continúa produciéndose un número “muy elevado” de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, unas 40.000.

También pone de manifiesto el hecho de que 242.000 personas “siguen” en el que denominamos Limbo de la Dependencia (personas que tienen reconocido el derecho a una prestación económica o servicio y que todavía no recibe).

“Preocupa que no se estén reduciendo significativamente el número de personas que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta que 2010 es un año valle en el que no se incorporan nuevos grados y niveles al Sistema, algo que si que está previsto que ocurra en enero de 2011, por lo que en ese año esta situación puede alcanzar niveles muchísimo más elevados”, valora el Observatorio.

En número absolutos, 331.000 personas reciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar –cuidados no profesionales–, frente a sólo 75.000 que reciben servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio.