El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado el primer expediente para proceder a la expropiación de una finca en el casco histórico de la ciudad.
El alcalde, Bruno García, ha informado al respecto al término de la Junta de Gobierno Local de este viernes, remarcando que "era una de las medidas que ya dijimos que íbamos a retomar".
En este caso concreto, se trata de una finca en la calle Arbolí, 11, que cuenta con numerosos requerimientos tanto de ornato como de seguridad que han sido desatendidos por parte de la propiedad.
La intención es, por tanto, recuperarla para ponerla a disposición de la ciudad para la construcción de nuevas viviendas protegida en alquiler social, ha remarcado. No obstante, ha advertido de que se trata de un procedimiento largo y que no siempre finaliza con éxito para los intereses municipales, dado que depdende del propietario.
Cuestionado sobre cuántas fincas podrían ser expropiadas por encontrarse en situación precaria, el primer edil ha eludido dar una cifra, pero ha insistido en que la idea es conseguir contar con todos los inmuebles posibles.
En este sentido, ha recordado que las promociones de viviendas en las que se está trabajando en la actualidad están ubicadas en fincas que fueron expropiadas antes de 2015 por parte de los gobiernos de Teófila Martínez y ha lamentado que en los ocho años en los que José María González, Kichi, fue alcalde, se interrumpieron los procesos de expropiación.
Este asunto generó una agria polémica en campaña electoral. A finales de abril, el entonces candidato del PP a la Alcaldía distribuyó un cuadro que, bajo el nombre “fincas expropiadas por el PP de 1995 a 2015 para construir vivienda pública, contenía 65 registros mientras que aparecían cero en la tabla con Kichi.
La número dos de la candidatura de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, cuestionó los números al asegurar que habría que analizar caso por caso “a qué se destinó esa expropiación”.
Este medio tuvo acceso a dicha información y, según los datos de Procasa, solo la mitad de la cifra aportada por Bruno García se destinó a vivienda pública: Mirador, 14; Santo Domingo, 37; Santo Domingo, 2; Mirador, 27; San Isidro, 10; San Isidro, 4; Teniente Andújar, 20; Cruz, 15; Teniente Andújar, 18; Celestino Mutis, 13; Cristo de la Misericordia, 13; Santo Domingo, 28; Bitácora, 4-6; Arricruz, 5-6; Santo Domingo, 4; Sopranis, 14; Santo Domingo, 6-8; Soledad, 15; San Juan, 23; Mesón, 15; Santo Domingo, 25; Botica, 27; San Juan de Dios, 6; Solano, 28; Paraguay, 3; Cantavieja, s/n; Barquilla de Lope, 5; Lepanto, Trafalgar y Setenil; Sanitago, 11; Merced, 28; San Juan Bautista de la Salle, 2; Soledad, 6; Sagasta, 77-79; Manuel Rancés, 5; San Juan Bautista de la Salle, 17; Pericón de Cádiz, 3-5; Goleta, 4.
Sin embargo, cinco de las fincas referidas por el PP, no están expropiadas. Se trata de Pericón de Cádiz, 25; Plaza San Martín, 1; Sagasta, 101; Hermanos Ignacio, 18-20; Rosa, 44, y otra más, Calderón de la Barca, 19, fue expropiada después de 2015.
En cuanto a las demás, 16, fueron expropiadas con Teófila Martínez como alcaldesa, pero no para vivienda, según Procasa: Cuesta de las Calesas, 19, IFEF; terrenos ociosos de Astilleros, para el barrio; Sánchez Caviedes, 4-6, para vía pública; Brasil, 4; para vía pública; las parcelas de Renfe junto a la avenida Marconi, para el soterramiento; San Francisco Javier, 9, para vía pública; los terrenos para los colectores de la estación depuradora; Mesón, 1, para sala de exposiciones; avenida Portugal, 56, para el centro Hermanas Mirabal; Raúl Calvo, 16, y 13, y Baleares, 14, para las casitas bajas; los terrenos en Puntales de Renfe y Vía Augusta Julia, s/n.
Las otras 16 fueron cedidas a la Junta de Andalucía para el Plan de Rehabilitación del Casco Histórico: Santo Domingo, 14; Mirador, 25; Callejón de San Andrés, 3; Mirador, 13; Campo del Sur, 12; Fray Félix, 3; Teniente Andújar, 32; San Isidro, 3; Santo Domingo, 41; Trinidad, 1; Portería de Capuchinos, 13-15-17; Oaz, 3; Botica, 15; Mirador, 22; y Obispo Urquinaona, 6 y 19-21-23-25-27.
