Los vecinos afectados por la remodelación del barrio del Cerro del Moro han pedido amparo al Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, ante “la indefensión” en la que se encuentran por la “situación coactiva y prepotente por parte de la Junta de Andalucía” que les obliga a aceptar las viviendas de próxima construcción en alquiler por 50 años pese a que las condiciones planteadas inicialmente les garantizaba la condición de propietarios.
El escrito, remitido por el portavoz de los afectados, Enrique Estévez, recuerda que la remodelación del barrio comenzó en 1992, hasta llegar a las dos últimas fases, “hace más de doce años”, cuando se paralizó el proyecto.
Durante ese periodo, continúa, “se dilataron los plazos” para retomar la iniciativa, “creando expectativas falsas y engañándonos una y otra vez”.
“Es triste ver cómo la generación a la que se le prometió la dignificación de personas y del barrio ya prácticamente ha desaparecido”, lamenta, y remarca que “las viviendas en propiedad, en las que viven los afectados, se encuentran en un estado deplorable, con posibles problemas de seguridad estructural, calificadas de infraviviendas, con una antigüedad de casi 65 años y con menos de 50 metros cuadrados construidos” con materiales “de bajísima calidad”.
El resultado del abandono ha llevado a que “familias completas con niños y ancianos, estos últimos condenados a permanecer enclaustrado en sus casas por no tener capacidad física para subir y bajar escaleras” ante la falta de ascensor, habiten viviendas en “estado de ruina técnica infestadas de insectos y ratas”.
El proyecto se reactivó, relata, tras las quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz, y las reuniones mantenidas a partir de entonces entre el Gobierno de Juanma Moreno y los vecinos entre noviembre de 2020 y mayo de 2021.
Como resultado de dichos encuentros, la Administración autonómica asumió el compromiso de comprar las viviendas “y ese dinero se quedaría en depósito a cuenta del costo de la nueva vivienda; y los propietarios tendrían que pagar la demasía de los metros como renta, ya que la Junta no hace vivienda en venta”.
“Das de entrada la cantidad por la que ahora la Junta compre nuestras casas y continúas en régimen de alquiler con opción a compra, para poder pagar en 10 o 25 años la diferencia que hay entre el valor de tu vivienda y el valor definitivo; cuando esto se produzca se escritura como propiedad”, explica que plantearon a los vecinos.
Pero, “la sorpresa surge cuando, sin previo aviso, sin consultar ni informar a los afectamos, vemos que las viviendas se licitan bajo el epígrafe de VPA, es decir, viviendas en alquiler a 50 años”, denuncia el escrito remitido al Defensor del Pueblo español.
Este extremo, sostiene, ha sido confirmado por los responsables de AVRA el pasado 27 de junio, argumentando que “una parte de la financiación” de la promoción “se lleva a cabo con fondos europeos, y en su línea 6 establece que tienen que ser viviendas sociales en arrendamiento” por ese periodo de tiempo.
En consecuencia, la Junta de Andalucía prevé comprar las viviendas actuales, “con la normativa y baremos que rigen para este tipo de vivienda, cantidad que nos abonarían y que sería la condición para acceder a las nuevas viviendas en régimen de alquiler a 50 años”, añade.
La alternativa “sería quedarnos en las viviendas actuales corriendo a cargo de nosotros, como propietarios, el arreglo de las mismas y del edificio”, agrega, pese a que el proyecto contempla su demolición.
Y finaliza subrayando que “por parte de la Junta se están manteniendo reuniones con los vecinos y vecinas manifestándoles que las opciones son: o aceptan esas condiciones o se quedarían en las viviendas actuales, por tanto, pasar obligatoriamente por perder la propiedad para poder acceder a una vivienda digna pagando el alquiler”.
El portavoz de los afectados aclara “el deseo de las personas que tienen esta pequeña propiedad no es de especular con la misma, como hemos tenido que escuchar, si no la de tener al fin una vivienda digna, y una garantía para una vejez digna, prometida hace más de 30 años.
Estévez indica al Defensor del Pueblo español que, “al ser coparticipe en la financiación del proyecto el Gobierno de España, pedimos el amparo de esa institución” y plantea que “se renuncie a la tercera vía de financiación de la Comunidad Europea que es la que irresponsablemente ha solicitado la Junta a sabiendas que las condiciones de esta no permitían las condiciones pactadas, y se sustituya con fondos propios”.
