El Convenio fue aprobado en la XVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007, aunque hasta el momento ha sido ratificado sólo por Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Portugal, Bolivia y Paraguay.
No obstante, su entrada en vigor estaba supeditada a la ratificación del texto por al menos siete de los países que lo firmaron.
Del Convenio podrán beneficiarse directamente más de seis millones de inmigrantes latinoamericanos, aunque su espacio de protección se extiende a toda la población de los 22 países iberoamericanos, unos 600 millones de personas, tal y como señaló hoy el Ministerio español de Trabajo e Inmigración en un comunicado.
El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, calificó esta semana el acuerdo como una "gran conquista", al ser el "elemento comunitario más importante que se ha aprobado en la comunidad iberoamericana" y al infundir la noción de "ciudadanía iberoamericana".
El Gobierno español destaca que el Convenio persigue la adopción de los medios "para que la globalización económica no vaya en detrimento de la protección social y tiene en cuenta el fenómeno de las migraciones para evitar la desprotección de los trabajadores migrantes o desplazados por sus empresas".
Tal y como indicó hoy a Efe el representante en España de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) de Ecuador, Oscar Jara, con este Convenio "se superan carencias" incluidas en acuerdos bilaterales existentes anteriormente, por ejemplo, con la creación de una comisión que permita seguir la aplicación concreta del texto.
"Es una racionalización del tema de la migración" y supone "la materialización de ese espíritu destinado a crear realizaciones concretas en esa materia, que impidan la conculcación de los derechos de los inmigrantes", añadió Jara.
Según el representante de la SENAMI, sólo en España medio millón de ecuatorianos podrían beneficiarse de los términos del Convenio, que, subrayó, supone un gran avance "como elemento de cohesión iberoamericana".
Como antecedentes de este Convenio aparecen el Acuerdo Multilateral del Mercosur, en vigor desde 2007, y la Decisión 583 de la Comunidad Andina (Instrumento Andino de Seguridad Social) de 2004, aunque ésta no llegó a ponerse en marcha.
El acuerdo, que entra en vigor mañana, domingo, respeta las legislaciones nacionales vigentes en materia de Seguridad Social y tiene como meta principal asegurar la cobertura social de los trabajadores que a lo largo de su vida laboral o profesional se desplazan de un estado a otro.
Permite así que los emigrantes de la región iberoamericana puedan, por ejemplo, sumar en el momento de su jubilación las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida laboral aunque ésta haya transcurrido en diferentes países.
El ámbito material de aplicación de este convenio multilateral abarca las prestaciones económicas contributivas de invalidez, vejez, supervivencia y las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Se excluyen expresamente las prestaciones no contributivas, las de asistencia social y las reconocidas a favor de víctimas de guerra, y tampoco se incluyen en su ámbito las prestaciones sanitarias, debido a las dificultades de coordinación entre los países.
No obstante, el Convenio recoge la posibilidad de que dos o más estados firmantes puedan suscribir acuerdos entre ellos para ampliar su aplicación a ese marco de las prestaciones de salud.
El documento establece que se revalorizarán las pensiones consideradas por el convenio "si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o porcentaje".
El texto también especifica que el acuerdo "tendrá plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes" entre los países firmantes.
La idea, como señaló Enrique Iglesias y como recoge el propio Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, es que pronto este ámbito de protección pueda extenderse al resto de países de Europa, y no sólo a España y Portugal.
