Las primeras ayudas públicas para los damnificados de Lorca llegarán este mes

Las primeras ayudas públicas que percibirán los damnificados por los terremotos registrados en Lorca el 11 de mayo comenzarán a ser ingresadas en sus cuentas bancarias este mes, según ha adelantado este martes el comisionado del Gobierno para la crisis de los seísmos, Jesús Miranda.

El subsecretario del Ministerio de Fomento ha iniciado este martes en Lorca su actividad como comisionado al cumplirse cinco meses de los movimientos sísmicos que devastaron la ciudad y causaron nueve muertos, más de 300 heridos y daños por 1.200 millones de euros.

Miranda ha explicado que las primeras 207 ayudas para otros tantos damnificados que han perdido su casa a consecuencia de los terremotos serán ingresadas en sus cuentas "la semana que viene".

El Ministerio de Fomento ha ordenado ya el pago al Gobierno regional de su aportación para estas ayudas, que cofinancian al 50 por ciento ambas administraciones, de modo que en las cuentas de la Comunidad de Murcia serán ingresados 440.000 euros para los primeros afectados cuyos expedientes fueron resueltos favorablemente.

El dinero estatal estará en manos de la Comunidad de Murcia entre el viernes de esta semana y el lunes de la semana próxima, ha dicho Miranda, que ha confiado en que la semana que viene "los interesados puedan disponer de ese dinero", que tendrá que ser complementado con otros 440.000 euros por el Gobierno autonómico.

Un segundo paquete de ayudas por más de 800.000 euros para 357 damnificados más será aprobado y transferido "dentro de este mes" y un tercero, de mayor cuantía, está siendo tramitado por el Ministerio de Fomento.

Miranda ha señalado que "a partir de ahora" los ciudadanos afectados van a comenzar a recibir de forma efectiva las ayudas y que, una vez resuelta esta cuestión, el siguiente paso será gestionar la reconstrucción de las viviendas que han sido derribadas tras los seísmos, un total de 1.164.

El comisionado ha dicho también que abordará esta cuestión con entidades relacionadas con el cooperativismo inmobiliario para ofrecer a los ciudadanos damnificados "una solución técnico jurídica que les permita organizarse" en sus respectivas comunidades de vecinos, a las que se ofrecerá asesoramiento profesional de especialistas en la materia.