FACUA Cádiz es una asociación dedicada a la defensa de los consumidores, sin ánimo de lucro e independiente de gobiernos, partidos políticos y empresas. A su sede en la capital gaditana nos hemos acercado esta semana para hablar con su responsable, Jesús Yesa, quien nos da la visión de este colectivo respecto a la próxima subida del IVA o sobre las principales demandas de los consumidores gaditanos.
—¿Qué postura mantiene esta asociación de consumidores respecto a la próxima subida del IVA, que se hará efectiva en septiembre? ¿Estáis de acuerdo con este tipo de medidas?
—Obviamente no estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con una subida de impuestos, en este caso de impuestos indirecto. Pero no queremos ser demagógicos, y entendemos que impuestos debe de haber y es bueno que los ciudadanos los paguen. Esa demagogia tan de moda en los discursos de los partidos que prometen menos impuestos, no es positiva. Hay dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos, siendo estos últimos los que se pagan indiscriminadamente por todos los ciudadanos, independientemente de la situación económica de cada persona. Obviamente la subida de este tipo de impuestos siempre es injusta, y por lo tanto, una acción justa y solidaria consiste en bajar estos impuestos y subir los directos. Desafortunadamente ya nos opusimos a la primera subida del IVA, más en un contexto de crisis, y ahora llega otra subida, otra cruz que se carga en las espaldas de ciudadanos que lo están pasando realmente mal. Hemos iniciado una campaña donde exponemos los 21 motivos por los que estamos en contra de la subida del IVA.
—¿Díganos alguno de estos motivos?
—Porque es no es solidario. En segundo lugar porque va a perjudicar especialmente al pequeño y mediano comercio, es decir, defendemos que los consumidores tenemos derecho a elegir entre distintas formas de distribución comercial. Si nos cargamos el pequeño comercio, nos vamos a encontrar en un sector tan importante como es la distribución comercial otro oligopolio, como ocurre en materia de telecomunicaciones, de hidrocarburos, en el suministro eléctrico, y así nos luce el pelo. Una subida de IVA que obviamente las grandes empresas y las grandes superficies sí pueden añadir a su margen de beneficio, pero el pequeño comercio no puede asumir ese tres por ciento. La única salida es perjudicar al consumidor, y éste, lógicamente, dejará de comprar en el pequeño y mediano comercio, para hacerlo en las grandes superficies comerciales. Nos oponemos también a esta subida del IVA porque consideramos que es un fraude electoral, es decir, por activa y por pasiva, el partido que hoy gobierna aseguró a los ciudadanos que para nada iba a subir el IVA. Es un fraude electoral, los partidos no pueden realizar publicidad engañosa, entre comillas.
—Este tipo de impuestos indirectos afecta igual a un parado que a Emilio Botín…
—Efectivamente, yo que estoy parado y voy a comprar una barra de pan, me vale lo mismo que Emilio Botín o que a Florentino Pérez. Por lo tanto es injusto y poco solidario. Es curioso que se suba el IVA pero no se plantea una modificación del IRPF, para que paguen más los que más tienen, y por otra parte, ni siquiera se plantea poner una tasa a las transacciones financiera. Es decir, sobre los movimientos especuladores que compran acciones en corto, o deuda… por lo menos poner una tasa a esos movimientos especulativos a los que no les va importar.
—El peso está recayendo en los consumidores pero ¿no estamos en una sociedad de consumo?
—Lamentablemente es así. Nosotros somos una asociación de consumidores que no solamente defendemos al consumidor en la sociedad de mercado, sino que aspiramos a superar la sociedad de consumo porque entendemos que es inviable. Olvidémonos del actual contexto, la sociedad de consumo no es sostenible a no ser que la hagamos sostenible. No es sostenible una sociedad de consumo que afecta a un 20 por ciento de la población mundial a costa de un 80 por ciento que se muere de hambre. O seguimos así, nos harían falta 32 planetas para que todos tuvieran esa capacidad de consumo. No hay recursos, si todos los ciudadanos de este planeta tuvieran un coche, no habría hidrocarburos. La sociedad de consumo no es extensible. Nos hace gracia que se hable de economías emergentes, como Brasil, India o China, donde hay empresas con una elite de personas que están consiguiendo extender su negocio fuera de sus países y que están ganando dinero con ello, pero en esos países hay gente que siguen pasando hambre. Sube el nivel de vida, sí, pero es inviable que todos sus ciudadanos tengan el mismo nivel de vida que ese 20 por ciento de privilegiados. Faltan planetas para tantos recursos… Aunque defendemos a los consumidores de los desmanes del mercado, nosotros vamos más allá con el objetivo de superar esta sociedad de consumo sobre la base del respeto al medio ambiente, la justicia y la solidaridad.
—En la actualidad, ¿cuáles son las principales demandas que os llegan de los consumidores que acuden a vuestra asociación?
—Hay un sector que acapara el 50 por ciento de las reclamaciones como es el sector de las telecomunicaciones, y dentro del mismo, el sector de la telefonía móvil. Lamentablemente pasan los años y lejos de que disminuyan estas reclamaciones y denuncias, van creciendo. Ni las empresas deciden que esto debe parar y respetar los derechos de los consumidores, y lo que es más lamentable, las administraciones públicas miran para otro lado, convirtiéndose en los servicios de atención al cliente de las propias empresas. Y eso que la Constitución Española es intervencionista y establece que el Estado debe intervenir a favor de los consumidores, defendiéndolos. Por eso nos preguntamos por qué no se adoptan medidas para llamar a capítulo a estas empresas. Tras ellas se sitúa ahora mismo, y en este sentido, a causa de la crisis económica, está el sector bancario y de las compañías de seguros. Un sector que siempre ha estado a la cabeza en las reclamaciones y denuncias, pero que se ha agudizado en estos últimos años. Por otro lado, hay sectores que históricamente siempre dan quebraderos de cabeza como la compra y reparación de automóviles, o un sector que se puede poner en segundo lugar dada la trayectoria que lleva como es el eléctrico, puesto que su liberalización ha duplicado las denuncias por parte de los consumidores. Y eso que se nos vendió su liberalización como algo bueno para los consumidores, puesto que al haber más competencia bajaría los precios, y vemos que ha ocurrido todo lo contrario con una subida del 40 por ciento en los últimos años y más abusos.
—En cuanto al sector financiero, ¿se han puesto en contacto con vosotros por el tema de las participaciones preferentes?
—Sí, por supuesto. Pero no solamente de las participaciones preferentes, hablamos de células hipotecarias, acciones subordinadas, hay tres o cuatro productos complejos dedicados a gente especializada, pero que de golpe y porrazo estos productos se les vende a todo tipo de clientes. La inmensa mayoría de la gente que acude a nosotros nos dice que no se les ha vendido el producto que reclamaba, que les han dado gato por liebre. Se sienten estafados, engañados. Por supuesto que hay gente que sabía lo que les estaban vendiendo, pero son muchas en el otro extremo, que creían que era un plazo fijo o cualquier otro producto, y se han enterado de todo por los medios de comunicación, y cuando han ido al banco le han dicho que tiene otro producto. Nosotros apelamos a una intervención del Estado, no hablamos de una cuestión de legalidad, aunque si tenemos que acudir a los tribunales, pues lo haremos porque no quedará otro remedio, pero por el fondo del asunto y por el número de afectados, lo que deseamos es que la Administración Pública no nos aboque a un enfrentamiento judicial con los bancos. Pero incluso ganando esa batalla judicial, hablamos de personas que han perdido los ahorros de toda su vida y que deben estar pendientes de la finalización de un litigio que puede ser largo porque los bancos tienen recursos para aguantar este tipo de procesos que son muy complicados. Hay una iniciativa de Izquierda Plural en el Parlamento y que nosotros hemos apoyado que quiere que la Administración tome cartas en el asunto y no quede al margen, como viene haciendo.
—¿Qué pasos debe seguir un consumidor que se sienta estafado, engañado o víctima de un abuso?
—Lo primero es estar informado. En aquellos casos en los que sea posible, informarse. No le vamos a pedir a un consumidor que vaya a comprar una barra de pan que antes se informe detalladamente, pero sí hay determinadas operaciones en las que estar informado es muy importante, como la compra de una vivienda, una hipoteca, fondos de inversión, jubilaciones… incluso si alguien nos ofrece cambiar de compañía de teléfono o de luz, lo mejor es antes informarnos. En aquellos casos en los que, como tenemos tantas cosas en la cabeza, al final no nos informamos adecuadamente, recomendamos sobre todo no resignarse. Aunque nos quejamos de que las Administraciones no defienden al consumidor, no quiero que eso se confunda con una llamada a la resignación. Hay que plantear reclamaciones, sea por vía de asociaciones como la nuestra, ya sea por la vía que sea. Pero sobre todo, no resignarse, al revés, hay que denunciar porque es la única manera de defender nuestros derechos. Sobre todo porque también se está utilizando la crisis para cargarse las estructuras que defienden al consumidor, reduciendo el número de inspectores de consumo, eliminando, como ya han anunciado, el Instituto Nacional de Consumo, que lleva activo desde 1983. El consumo es una política social, hablamos de agua, luz, alimentos, vivienda, hablamos de cuestiones sociales. Los consumidores debemos exigir a las Administraciones.
—El consumidor tampoco debe olvidar que hay derechos que le amparan, ¿no?
—Por supuesto, el consumidor tiene unos derechos que debe hacer efectivo reclamando, denunciando y poniendo el dedo en la llaga.
—En septiembre sube el IVA y ya hay campañas para que los consumidores compren en agosto… para que adelanten sus compras…
—Está claro que la subida del IVA se va a utilizar para vender en agosto. Cualquier cosa se aprovecha para vender, y más en tiempo de crisis, y probablemente se va a utilizar para realizar un efecto llamada para el consumo. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque habrá casos en los que sí nos convenga ahorrarnos ese tres por ciento, pero tampoco nos puede llevar a salir a comprar de todo, sin que lo necesitemos. Es lo mismo que el efecto llamada de las Rebajas, que por cierto ya han desaparecido porque el Gobierno ha legalizado el fraude en las Rebajas porque ya se pueden coger productos de mala calidad y venderlos como rebajados. Nosotros siempre hemos alertado a los consumidores sobre las llamadas al consumismo en Navidades, los días de fiesta… porque lo primero que debe hacerse es valorar si lo necesita. Habrá casos en los que valga la pena comprar en agosto y ahorrarse el tres por ciento, pero si compra cinco cosas que al final no va a utilizar, no ahorra, sino que gasta. ¿Qué le hace falta a usted?, esa es la pregunta que deben hacerse los consumidores y no comprar por comprar. Nosotros defendemos la regulación de las rebajas para que las tiendas aplicaran la reducción a los productos que vendían un día antes… pero ya esto ha cambiado, pueden vender productos del año anterior como si estuvieran rebajados.
—¿Están de acuerdo con la liberación de los horarios de los establecimientos comerciales?
—En absoluto. Creemos que hay un horario totalmente suficiente, que los establecimientos con menos de 300 metros cuadrados pueden abrir cuando quieran, por lo tanto no es una demanda de los consumidores, es una demanda del gran empresariado y que va a perjudicar al pequeño y mediano comercio. Es casi una condena de muerte. El consumidor puede pensar que le viene bien… pero debe pensar que sí le perjudica y mucho puesto que los únicos que van a participar en la distribución comercial son cuatro o cinco empresas, que serán quienes marquen también la producción. Es decir, si hay una empresa que vende berenjenas enlatadas, en el momento que esas cuatro o cinco empresas que copan la distribución comercial digan que no quieren venderlas, esa primera empresa se cae. Es una rueda, todos somos trabajadores y todos somos consumidores. Hay dos peligros, el del oligopolio, y el peligro de que la distribución comercial marque la producción. No es tan simple decir que al consumidor no le afecta, el problema le va a venir por otro lado, como que esas empresas que reinan pacten los precios como ocurre en las eléctricas o en las de hidrocarburos.
