El Congreso propondrá al Gobierno una nueva Ley de plazos que permita a las mujeres recurrir al aborto libre en un plazo máximo de catorce semanas de gestación, han informado a Efe fuentes de la Subcomisión parlamentaria creada para reformar la actual legislación, vigente desde 1985. 

Tras tres meses de duros debates y una treinta de intervenciones de expertos, cada grupo expondrá el próximo jueves sus conclusiones y será la portavoz del PSOE, Carmen Montón, quien sintetice un documento que tendrá que ser ratificado por la Comisión de Igualdad. 

No obstante, el proceso se puede alargar porque la parlamentaria del PP Lourdes Méndez ha confirmado a Efe que su grupo presentará un voto particular contra el texto en la reunión de la Subcomisión, prevista para el día 12. 

Los populares esperan contar después con tiempo para redactar y desarrollar su postura, y exponerla al resto de los grupos en otra convocatoria de este órgano parlamentario. 

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero promoverá la nueva Ley en base al documento final y a lo que decida el Comité de Expertos organizado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuyas conclusiones, previsiblemente, serán coincidentes. 

La nueva normativa considerará por primera vez en España el aborto como un derecho, ya que, en su sentencia de 1985, el Tribunal Constitucional se limitó a despenalizarlo en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando además que el Estado tiene que garantizar la vida del no nacido. 

Aunque los socialistas no han desvelado cuál es el plazo de aborto libre que propondrán, los expertos convocados por este grupo han pedido que las mujeres puedan hacerlo sin alegar causa hasta las catorce o dieciséis semanas, a excepción de los portavoces de las clínicas abortistas, que demandaron un plazo de hasta veinticuatro. 

El PSOE y las formaciones de izquierdas propondrán previsiblemente una regulación de la objeción de conciencia de los médicos. Estos grupos han coincidido en denunciar que sólo el tres por ciento de los abortos se practican en los hospitales públicos.