La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha vuelto a entrar en escena tras el parón de las elecciones andaluzas con la detención de 16 personas, la mayoría de ellas exdirectivos provinciales de la Consejería de Empleo, vinculadas con la gestión de los cursos de formación, una causa que la magistrada mantiene bajo secreto parcial desde el pasado 20 de enero. Entre ellos, se encuentran la hasta ayer delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y su antecesor en el cargo, Antonio Rivas, ya imputado en la causa de los ERE.

Ante Alaya comenzaban a comparecer los primeros detenidos dentro de la denominada Operación Barrado, entre ellos la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, Teresa Florido, que es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por la jueza en la causa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación.

Florido había declarado ante la Guardia Civil durante varias horas y está acusada de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, han informado fuentes judiciales. También había declarado ante la Benemérita el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que pasaría a disposición judicial posteriormente.

Además de Florido, declaraban la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo, María José Lara, quien se acogía a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza, y las exdelegadas de Almería, Francisca Pérez Laborda, y de Jaén, Irene Sabalete. De ésta última, además, se ha difundido un audio atribuido a ella en la que pedía a agentes de promoción de empleo que hicieran campaña a favor del PSOE en las elecciones autonómicas de 2012.

Tras Sabalete se preveía la declaración de Aurora Cosano, delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla hasta este mismo martes, cuando era destituida por el Gobierno andaluz tras conocerse su detención.

En la Operación Barrado la Guardia Civil ha detenido a siete personas que han desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cuatro han estado al frente de direcciones generales en el mismo SAE, y no ha descartado nuevas imputaciones en los próximos días.

Delitos investigados

En la operación se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según ha informado la Guardia Civil, que ha detenido también a los ex directores-gerente de los consorcios Formades y Ciomijas, así como a la presidenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Ciomijas, en Mijas.

Los agentes, que durante la jornada ha registrado dos domicilios, han actuado en las ocho provincias andaluzas con tres detenciones en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Cádiz, tres en Málaga y dos registros, una en Granada, dos en Huelva, dos en Almería y una en Jaén.

Entre los detenidos están los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de la localidad onubense de Nerva, que ocupaban hasta este martes sus cargos, aunque el Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer por la mañana el cese en sus responsabilidades.

Según informaba el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, estos dos directivos han sido apartados de sus cargos sin que por ello “se les quite” el respeto a la presunción de inocencia, pero que el Gobierno debe actuar “con hechos y de forma inmediata e implacable”.

Las reacciones

La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha señalado durante un acto institucional en Pilas (Sevilla) que para ella lo primero es “la tranquilidad y la confianza de los andaluces en sus instituciones”, y ha subrayado que tiene “una sola vara de medir” y que la aplicará siempre al frente de la Presidencia.

Este asunto ha llevado también al PP a exigir a Díaz que no tome los votos que ha obtenido en las elecciones “como un cheque en blanco para mantener su silencio” sobre corrupción y que actúe con contundencia porque “el foco está en ella” con el caso de los cursos de formación.

El portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, ha dicho en rueda de prensa que es Díaz quien tiene “la responsabilidad de dar las explicaciones” porque tiene que detallar “por qué se están produciendo detenciones por la gestión de fondos públicos” por parte de cargos “puestos por ella y su gobierno”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz en la pasada legislatura, Mario Jiménez, ha asegurado en relación a este asunto que su partido actuará, desde la presunción de inocencia, “con la claridad y rotundidad que esperan los ciudadanos”.

A través de Twitter, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que “hoy se entiende mejor que el PSOE rompiera el gobierno cuando propusimos otra comisión de investigación” y ha reiterado que “seguiremos combatiendo la corrupción”.