A punto de terminar el primer cuatrimestre de 2015, los Servicios Sociales del Ayuntamiento gaditano han destinado 944.960 euros en ayudas de emergencia social a las familias que menos recursos y más necesidades tienen. La mayor parte de estas ayudas han sido para la vivienda, es decir, para el pago del alquiler, la hipoteca o para evitar desahucios, tanto por deuda de alquiler como desahucios hipotecarios.
Estas aportaciones de emergencia social “no se ciñen solamente a la vivienda”, subrayó la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien explicó que también cubren otro tipo de necesidades básicas como pago de libros de texto, becas de comedor, residencia de la tercera edad o tratamientos médicos, “es decir, competencias que no son propias de un ayuntamiento pero que en el caso de la ciudad de Cádiz es la administración que las lleva a la práctica”.
El Ayuntamiento compatibiliza esta fuerte estructura de ayudas económicas con el mantenimiento de una amplia oferta de servicios y programas sociales orientados a diferentes segmentos de edad y problemática.
Esta acción global se traduce en una inversión municipal en políticas sociales de 15 millones de euros al año. Los principales destinatarios son los colectivos considerados, a priori, más desfavorecidos como las personas mayores, las familias sin empleo ni recursos económicos y los gaditanos en riesgo de exclusión social.
A muchas de estas personas les cuesta llegar a fin de mes y es común que no puedan ni pagar el recibo de la luz, ni el de agua. El Ayuntamiento ha destinado al mantenimiento de estos suministros en lo que va de año más de 200.000 euros. En concreto han sido 153.953 euros para pagar recibos de luz y 56.008 euros para el agua. Según la alcaldesa, esta ayuda del Consistorio, aprobada en el primer cuatrimestre de 2015, “contrasta con la que la Junta de Andalucía ha aprobado para garantizar ambos suministros básicos y de la que sólo corresponde a los gaditanos 40.000 euros para todo el año”.
Martínez aseguró que tanto “el señor Valderas como Susana Díaz se han dado golpes de pecho por defender un derecho como es tener luz y agua, pero a la hora de la verdad resulta que el Decreto que aprueban para garantizar dichos suministros básicos a las personas en peligro de perderlo no alcanza ni para asegurárselo un mes”. En este sentido, la alcaldesa subrayó que las políticas sociales “se demuestran aplicándolas, hablando y atendiendo a las personas y no hablando delante de los micrófonos para no hacer nada luego”.
En 2014 el Ayuntamiento de Cádiz ayudó a pagar el alquiler de la vivienda a más de 1.500 familias y el recibo de la luz o el agua a más de un millar. “No es la situación ideal porque nuestro objetivo es que las personas tengan un trabajo y recursos para valerse por sí solas, pero mientras se crea empleo hay que seguir ayundado”, añadió.
