La Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía mantienen un convenio de colaboración desde 1985 para el mantenimiento de 16 Centros de Tratamiento Ambulatorio en la provincia y la atención de personas con drogodependencia. Sin embargo, la Dirección del Servicio Andaluz de Salud ha comunicado que deniega renovar el acuerdo y afrontar la aportación de 1,9 millones para esta red asistencial. Ante esta situación, el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha comparecido ante los medios de comunicación para alertar de que si la Junta no garantiza esa financiación pone en riesgo la atención asistencial a 6.700 personas con problemas de Drogodependencia, usuarias de los diferentes centros de la provincia.
De la Encina ha calificado de "alarmante" esta situación y ha lamentado que el nuevo Gobierno de la Junta a estas alturas del año no solo no ha confirmado su aportación a la Diputación ni a las otras siete diputaciones andaluzas, sino que ha manifestado su negativa a través de un "lacónico" correo electrónico del director gerente del Servicio Andaluz de Salud, SAS. También ha lamentado que no se haya celebrado una reunión informativa con responsables de las diputaciones andaluzas para informar de los motivos de este rechazo. No obstante, de la Encina ha mostrado su esperanza de que esta situación quede resuelta lo antes posible.
La atención a las personas con drogodependencia en la provincia se presupuesta en unos seis millones de euros de los que la Diputación aporta casi cuatro, en concreto, 3.951.238, lo que ha calificado de la Encina como "esfuerzo económico enorme". La Junta debe contribuir con 1.897.941, según el convenio que queda ahora en el aire. Con estos seis millones se sostienen los 16 centros y se pagan las nóminas de un centenar de profesionales.
De la Encina ha anunciado las medidas que se están tomando desde la Diputación para solventar esta situación: por un lado la Diputación va a presentar un recurso de reposición ante el SAS, que tendrá continuidad en modo de contencioso si resulta desfavorable. Además, el diputado ha solicitado sendas reuniones con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz; y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Por otro lado, la Diputación de Cádiz está en contacto con el resto de diputaciones andaluzas para poder actuar y movilizarse de manera coordinada a favor del sostenimiento de este servicio público.
De la Encina ha querido aclarar la postura de la Diputación con respecto a este servicio: "nuestra respuesta es mantener el mismo compromiso administrativo. No vamos a desatender este sistema público de atención a la drogadicción y a los seis mil setecientos atendidos, ni se va a dejar en la calle a los 100 profesionales", ha afirmado el diputado de Bienestar Social.
Por último, De la Encina ha querido subrayar la utilidad de este servicio público, "la mayor y más prestigiosa red provincial de Andalucía de abordaje de la drogadicción", en palabras del diputado, y ha ofrecido datos sobre su funcionamiento. Cuenta con seis mil setecientos usuarios, lleva celebradas cuarenta mil citas clínicas en lo que va de año y cuenta con un centenar de profesionales, entre médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. Sus centros se distribuyen por Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Arcos, Barbate, Conil, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Sanlúcar, Ubrique, Rota, Villamartín, Cádiz, El Puerto y San Fernando. También se atiende a la población penitenciaria de las prisiones de Botafuegos y Puerto II.
En los años 80, los CTA atendieron principalmente la lacra de la heroína, en los 90 ganó triste protagonismo la cocaína, y en 2000, las drogas sintéticas. Actualmente, además del alcohol, se tratan nuevas formas de adicción como la ludopatía, el juego y apuestas on line, o el enganche a redes sociales, especialmente en menores de edad.
