La lucha contra la mortalidad de animales silvestres por envenenamiento –que afecta, en muchos casos, a especies protegidas– es muy desigual en el territorio nacional, lo que dificulta acabar con esta amenaza para la biodiversidad.
Las competencias en medio ambiente están en manos de las comunidades autónomas y, mientras algunas de ellas son muy activas en la materia, la mayoría no disponen ni siquiera de planes de acción específicos, a pesar de que el uso de veneno sin autorización está tipificado como delito en el Código Penal.
Las diferencias no solo se producen entre regiones; también se dan entre comarcas, provincias e, incluso, municipios.
Esta es una de las principales dificultades que existen para atajar el problema, según han coincidido, en declaraciones a Efe, el director del Laboratorio Forense de Vida Silvestre, Mauro Hernández, y el responsable de WWF/Adena en esta área, Carlos Cano.
“Lo que no es normal es que un buitre se muera en Andalucía o a dos metros, en Extremadura, y que la consecuencia sea que no pase nada, o que te puedan cerrar el coto o condenar”, se lamenta Hernández, que reclama uniformidad en las actuaciones.
Según explica Cano, “hay comunidades que están trabajando bastante bien, otras que empezaron hace unos años y lo han dejado y otras que están arrancando ahora”.
La escasez de datos impide realizar unas estadísticas fiables a nivel nacional y, por tanto, disponer de una radiografía objetiva del problema.
