Desde la Junta de Personal Docente no Universitaria de Cádiz también han denunciado la situación de urgencia sanitaria que están viviendo la mayoría de los centros educativos de la provincia.
No proporcionan una información completa porque se limitan a decir cuántas aulas y centros están cerrados y no informa realmente de los casos concretos que se están produciendo entre la comunidad educativa"“Desde las instituciones que deben velar por los derechos de toda la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado, PAS y familias) continúan abandonándonos a nuestra suerte, aun reconociendo que, efectivamente, se incumplen las normas poniéndose en riesgo la salud de las personas afectadas”, señalan desde la Junta de Personal;
Han anunciado que denunciarán a las Consejerías de Salud y Educación “por no tomar medidas y obligarnos a permanecer en las aulas en aquellas situaciones en las que la incidencia del Covid-19 está descontrolada con riesgo para nuestra salud. Nuestra solicitud de retrasar el regreso presencial a las aulas tras Navidad, durante un par de semanas al menos, para paliar los efectos de los contactos familiares, la ola de frío que impediría una ventilación adecuada y la presencia de la cepa británica en nuestra provincia, fue desatendida”.
Según la Junta de Personal “tampoco han sido escuchadas las peticiones de alcaldías, FLAMPAS y otras organizaciones sindicales y sociales que requieren la no presencialidad en aquellas situaciones realmente peligrosas para la salud. A principios de curso se nos obligó al profesorado a preparar nuestras programaciones para el caso de ser confinados, y no se está aplicando en la situación actual que estamos viviendo, tan grave”.
Aseguran defender la presencialidad, “pero ante todo, defendemos nuestro derecho a la Salud y la Vida. Son las propias familias, en muchos casos, quienes exigen esta medida y quienes están siendo presionadas desde la Consejería de Educación por no llevar a sus hijos a clase, aun superándose, como en varias localidades del Campo de Gibraltar, los 2000 casos por 100.000 habitantes”.
“Está claro que en estas circunstancias epidemiológicas ningún centro escolar es ya un entorno seguro, como se está demostrando en estas últimas semanas en las que, como nos temíamos, los cierres de aulas y casos de contagios y confinamientos entre la comunidad educativa, no paran de subir, habiéndose tenido que cerrar incluso varios centros completos”.
Además, apuntan que ampliarán esta denuncia en la Oficina del Defensor del Pueblo, “donde ya dirigimos nuestra petición de apoyo tras ser rechazada por la administración sanitaria y educativa el retraso de la incorporación presencial tras las vacaciones navideñas”.
En tercer lugar señalan que harán un seguimiento de los centros educativos afectados por la pandemia "para contrastar la información que desde las Delegaciones de Salud y Educación se nos ofrece”. Estadísticas queda su juicio, “no proporcionan una información completa porque se limitan a decir cuántas aulas y centros están cerrados y no informa realmente de los casos concretos que se están produciendo entre la comunidad educativa y que contribuyen a crear la falsa imagen de que los centros son esos entornos mágicos y seguros que el consejero Imbroda pretende hacernos creer”.
Desde la Junta de Personal Docente no Universitaria exigen el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización y una información veraz y científica sobre la necesidad de ventilación en las aulas, así como material de protección adecuado en el caso de mantener la presencialidad, como mascarillas FFP2, para alumnado, profesorado y PAS. “Son las únicas que realmente pueden proteger de las nuevas cepas, más aún cuando la precariedad económica sigue aumentando y entendemos que las familias no siempre pueden permitirse renovar las mascarillas del alumnado con la frecuencia recomendada por las autoridades sanitarias”.
Finalmente solicitarán al Delegado Territorial de Educación y Deporte una reunión urgente del Consejo Escolar Provincial para tomar decisiones. Desde esta Junta de Personal “continuaremos siempre defendiendo la Educación Pública presencial como la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, pero nuestro alumnado y las personas que trabajamos para conseguirlo, merecemos unas condiciones dignas mínimas para aprender y trabajar, y un entorno seguro para proteger nuestra salud. Y en estos últimos días, por la conjunción de factores que ya se preveían, no se están dando en muchos centros. Y, desgraciadamente, las instituciones que deberían velar por ellas, nos abandonan a nuestra suerte. No nos protegen”.
