El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto Ley con medidas “urgentes y específicas” para paliar los efectos de la sequía en ciertas cuencas, y aseguró que la reserva embalsada en la península se sitúa en el 42,9% –cifra inferior en casi cinco puntos al nivel medio de embalse de los últimos 5 años–.

Las medidas se aplicarán en zonas de las confederaciones hidrográficas del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura y Ebro, según aseguró en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

De la Vega anunció que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha presentado un informe sobre la situación de las reservas hídricas que sitúa la reserva embalsada en la península en el citado 42,9%.

La vicepresidenta primera señaló también que se contemplan además obras urgentes de mejora de regadíos en las que se invertirán más de 610 millones de euros, de los que 240 millones serán aportados por el Gobierno.

Apuntó, que el Real Decreto Ley establece medidas diversas como la reducción de las dotaciones en el suministro de agua, la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua o la modificación temporal de las asignaciones previstas en los correspondientes planes hidrológicos.

“Cuando hablamos de agua hablamos de un bien escaso y que todos debemos contribuir a su mejor aprovechamiento”, señaló en la conferencia de prensa la vicepresidenta primera.

A nivel nacional, los embalses tienen unas reservas del 42,9% (los de uso consuntivo están por debajo del 36%), cuando la media de los diez últimos años superaba en la misma fecha el 50% (el 40% en el caso de los de uso consuntivo), según señala la referencia del Consejo de Ministros.

La situación más desfavorable se presenta en las cuencas de los ríos Tajo, Segura y Júcar, con reservas de uso consuntivo del orden del 25%.

En determinados sistemas de las cuencas del Duero, Guadiana, Guadalquivir y Ebro la situación presente también alcanza niveles que obligan a una “prudente postura de alerta”.

El Real Decreto Ley prevé el establecimiento de medidas de apoyo a los titulares de derechos al uso de agua para riego y abastecimientos en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, cuando hayan dispuesto en la pasada campaña de una dotación de agua igual o inferior al 50% de la facilitada en un año normal.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel estará exento de la aportación correspondiente a la tarifa de conducción del Acueducto Tajo-Segura, dado el escaso aprovechamiento de los recursos trasvasados.

A su vez, se faculta a las Juntas de Gobierno y a los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas a modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico.

De esta manera, podrán, entre otras medidas, reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la distribución de los recursos hídricos o modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua.

También podrán modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en los planes hidrológicos o exigir a los usuarios la instalación inmediata de dispositivos de modulación, regulación y medición en las conducciones.