Historias desgarradoras como la de María, que avanzaba VIVA ayer, son las que hemos encontrado en las puertas del juzgado de San Roque esta mañana.
Los 59 adultos que han okupado las viviendas de la promotora Azahar Inmuebles de Puente Mayorga habían sido citados para prestar declaración por estar habitando, de manera ilegal, los pisos que ni tan siquiera tienen cédula de habitabilidad y cuyas obras hace años que quedaron paralizadas.
"Yo no tengo ningún sitio al que ir, ni familia a la que pedir ayuda. Así que mi marido y yo, junto a mis dos hijos, nos metidos hace un mes y medio en una de las casas", cuenta a VIVA Pili, una de las okupas.
Como ella, muchas de las familias optaron por habitar uno de los pisos, "porque con la ayuda de 426 euros que tenemos, no podemos optar a alquilar una casa", relataba otra de las citadas. Y es que la inmensa mayoría, según nos contaban, son familias, con niños, con ayudas algunos y otros con ningún tipo de ingreso. Los menos son aquellos que tienen un trabajo, "pero el sueldo no nos llega".
Insisten, todos ellos, en que han okupado las casas por necesidad, "si no, no lo haríamos". Coinciden, además, al asegurar que si los echan, buscarán otras casas en las que meterse.
Declaraciones
En primer lugar entró en la sala una representante de los citados, aunque finalmente todos entraron a declarar. Allí han estado casi tres horas. A la salida, mucha indignación. "Nos han dicho que ha sido el Ayuntamiento quien nos ha denunciado", explicaban. "Y es porque no hay cédula de habitabilidad". En la sala, según relataron estos ciudadanos, había un abogado del Ayuntamiento y un representante de la promotora. "Nos han puesto una multa de 180 euros. Durante tres meses tendremos que pagar dos euros al día".
El alivio es que les han dado de plazo hasta enero, cuando presumiblemente comiencen a llegar las órdenes de desahucio. "Pero la jueza nos ha dado la razón y hasta le hemos aplaudido. Cree que hay que buscar una solución", que pasaría, según indicaban, por un alquiler social que se fijaría en función de los ingresos de cada caso concreto.
Al salir del juzgado muchos de ellos han ido al Ayuntamiento, donde han pedido cita con el alcalde. "Nos ha dicho que nos llamarán para reunirnos con la concejal de Asuntos Sociales". No descartan, no obstante, ir al pleno del próximo jueves.
De momento, les toca esperar y continuar en las viviendas, donde la mayoría ya no tienen ni luz ni agua, porque se les han cortado los enganches que habían hecho.
Desde el Ayuntamiento, por su parte, han indicado que no se harán declaraciones sobre este asunto.
