El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, acusa al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix de "engañar" a la opipinión pública "a través de los medios, diciendo que se han tratado las alegaciones del PIVG y se han rechazado en base a los informes que se aportan".

El edil asegura que el regidor da "un salto hacia el vacío y, posiblemente, al suicidio político con las demandas que le están lloviendo desde que gobierna en mayoría absoluta, con el seguimiento de sus concejales e informes algunos de ellos inapropiados por quien los firma, faltando el informe jurídico de la Secretaria municipal, habilitada nacional".

Mayoral explica que los informes aportados por el equipo de Gobierno "no entran en el fondo de lo que se alega. Aporta informes hasta contradictorios entre sí y solo para rechazar por extemporáneas las alegaciones".

El portavoz del PIVG califica el informe de Intervención que acompaña al Presupuesto como "demoledor y contundente".

Esgrime que "Boix vuelve a repetir la jugada del último presupuesto que hizo como concejal de Hacienda del año 2007. condenado el Ayuntamiento por un Contencioso-Administrativo puesto por el PIVG, hasta en el Tribunal Supremo y que aún no ha cumplido la sentencia, habiendo recibido ya un requerimiento de ejecución del TSJA".

El edil lamenta que "otra vez quiere forzar un Concencioso-Administrativo por lo mismo, con la esperanza de  que se tirará muchos años con los recursos, porque Boix no los paga, lo hace con el dinero público de todos los vecinos. Para él los gastos jurídicos son gratis, hasta el Ayuntamiento fué condenado en costas".

Señala que "esta vez al estar sin ejecurse la sentencia anterior, solicitaremos medidas cautelares que no den lugar a que despues de 8 años la sentencia no esté ejecutada y como se trata del mismo actor condenado Boix, estudiaremos también la via penal".

Añade que "sabe que jurídicamente es un caso perdido porque dos de las denuncias son las mismas que las juzgadas den el presupuesto del año 2007, con lo que pediremos de entrada el pago de las costas, que debería pagar de su bolsillo si es condenado, no con el dinero de los ciudadanos, como acostumbra, que hasta tiene contratado de forma legal discutible una
defensa jurídica pagada por el Ayuntamiento, que UPyD tiene denunciada en la Fiscalía".