El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que el Gobierno de España ha retirado las acciones legales que emprendió contra la Comisión Europea frente al Tribunal Europeo impugnando una decisión relativa a ayudas estatales de la Comisión sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta de Gibraltar de 2010 (Income Tax Act 2010) (Asunto T-241/19 España/Comisión). El Tribunal Europeo ha eliminado el caso de su lista.
El principal motivo para el recurso esgrimido por España era que consideraba que la Comisión Europea había cometido un error de derecho al determinar que las condiciones para la aplicación del principio de ayudas estatales de selectividad regional no se cumplían en Gibraltar. El criterio contrario, esto es, el que sostenía España, conllevaría que Gibraltar tendría que operar a todos los efectos un sistema de tributación corporativa similar al del Reino Unido. Esta decisión habría tenido efectos devastadores para nuestra economía.
Al retirar sus acciones legales, España permite de forma efectiva que se mantenga la decisión de la Comisión. El Reino Unido intervino en el caso en apoyo de la Comisión.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó sobre el asunto: “Estoy muy contento con el anuncio que hacemos hoy. Está claro que, ahora que la legislación comunitaria deja de aplicar a Gibraltar a partir del 1 de enero de 2021, la importancia de este caso ha disminuido, pero siguen existiendo asuntos cruciales en juego, como los efectos retroactivos de una decisión desfavorable. Pero quizás lo que resulte más importante es que ahora nos iremos de la UE con la seguridad de que en lo relativo a un asunto tan crucial como los poderes independientes en materia de fiscalidad de Gibraltar, nunca llegó a existir el requisito de que Gibraltar deba tratarse como parte del territorio fiscal del Reino Unido. Esta era la posición de la Comisión Europea, el Reino Unido y Gibraltar. Por tanto, recibimos con agrado la retirada del caso. Estábamos convencidos de que, en cualquier caso, el recurso de España tenía pocas probabilidades de prosperar. El Gobierno de Gibraltar no podía intervenir en el caso, pero el Gobierno británico sí, y así lo hizo, en estrecha colaboración con el Fiscal General para Gibraltar, Michael Llamas”.
