El proyecto Fondo de Barril de Cepsa en San Roque se encuentra de nuevo ante la encrucijada que puede determinar su viabilidad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó en su edición de ayer la resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para el procedimiento de modificación sustancial dela Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a refinería Gibraltar-San Ro-que, correspondiente al proyecto Fondo de Barril.

La misma forma parte de un listado de resoluciones, con fecha del 20 de enero de2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a diversas resoluciones en materia medioambiental. En el caso del expediente para la modificación de la AAI de la refinería para el desarrollo del proyecto Fondo de Barril, el mismo retoma la documentación aportada por la compañía en junio de 2019, cuando se abrió el plazo de 45 días para alegaciones.

El proceso se encontraba paralizado por diversos motivos. Uno de ellos, la necesidad de contar con la declaración de impacto ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de noviembre. Ese documento permite ahora tramitar esta AAI, aunque ambos cuentan con alegaciones. Igualmente, la pandemia ha afectado al proyecto por la paralización de los plazos para los diversos trámites administrativos.

Por otra parte, la licencia de obras que debe otorgar el

Ayuntamiento de San Roque requiere de los dos documentos citados anteriormente. En este caso, tanto el Consistorio como la propia Cepsa fueron demandados en los juzgados por Verdemar Ecologistas en Acción, que denuncia una serie de movimientos de tierra y de afección al entorno natural que exceden los de los permisos concedidos para esos trabajos previos.

Alegaciones

De hecho, Verdemar viene siendo la entidad que más alegaciones ha presentado a todo el proyecto. En el caso de la AAI que ahora retoma el BOJA, fuentes del grupo ecologista indicaron a VIVA que el periodo de alegaciones se mantiene abierto hasta el 8 de febrero y que ya han presentado las suyas, además de indicar que tienen constancia de que otras entidades también lo han hecho ya.

En su documento de alegaciones, Verdemar explica que se ha llevado a cabo una “evaluación ambiental extemporánea de actuaciones ya ejecutadas, que traen a causa de licencias de obras otorgadas con infracción dela normativa urbanística y medioambiental”. Igualmente, el colectivo ecologista señala las afecciones producidas a hábitats protegidos y a flora amenazada de la zona.

Otro de los aspectos en los que inciden las alegaciones ecologistas son las obras ejecutadas en el área CP2-PEI “contra las determinaciones de licencias municipales”. Cabe recordar que el Ayuntamiento de San Roque sancionó con casi dos millones de euros a Cepsa por esos movimientos de tierras.

Por ello, Verdemar subraya la “improcedencia de la convalidación de los desmontes, movimientos y gestión de tierras” en el área CP2-PEI. Los ecologistas insisten en que “el modificado del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) buscaría convalidar una situación irregular, no convalidable por incurrir en causa de nulidad de pleno derecho, dada la extemporaneidad de tal modificado”, indican.

Del mismo modo, las alegaciones de Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar inciden en la “omisión en la evaluación de impacto ambiental de los movimientos de tierras y otras obras en otros ámbitos del proyecto”. Entre ellos, los que señala en otro de los puntos de sus alegaciones, al referirse a la “evaluación ambiental extemporánea de actuaciones ya ejecutadas que vulneran la normativa de protección del patrimonio arqueológico”. Verdemar ya ha denunciado públicamente en varias ocasiones los daños en el yacimiento de Carteia producidos, según denuncian, por las obras vinculadas al proyecto Fondo de Barril.

Por último, según indica Verdemar, “ampliar las instalaciones de la petroquímica Cepsa representa un ataque a la línea de flotación dela Estrategia de la Comisión Europea presentada en 2016y denominada paquete de invierno, que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 de un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990”.