El pasado lunes se celebró por segundo año el debate sobre el Estado de la Ciudad, convocado por la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real frente al Ayuntamiento. En dicho acto participaron tomando la palabra organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, y ciudadanos a título individual.
En esta jornada, y coincidiendo con el debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de plenos por la Corporación Municipal, la Asociación Por un IBI Real debatió por segundo año consecutivo “el estado de la ciudad o situación en la que se encuentra Chiclana”, y de la "nefasta gestión" que se viene realizando por el Ayuntamiento ante la actual crisis que se viene padeciendo tanto económica como sanitaria.
La portavoz de la asociación, Pepi García, abrió el turno de intervenciones exponiendo los últimos acontecimientos que "negativamente hemos visto" como la cuarta anulación definitiva del PGOU con el alto coste que ello supone para las arcas municipales, estimándose en más de cuatro millones de euros la redacción de cada plan. A esto, habrá que sumarle el alto coste por devoluciones del IBI cobrado indebidamente a aquellos suelos calificados como suelos urbanos no consolidados donde, según este PGOU anulado, se establecen unas 16.000 viviendas; lo que va a suponer para las arcas municipales, una vez confirmada la anulación definitiva del Plan por el Tribunal Supremo, solo en devoluciones del IBI a los contribuyentes residentes en el diseminado, un coste aproximado de 18 millones de euros, indican desde la asociación. Esto es debido a que habrá que devolverse desde el año 2016 hasta el presente año 2021, dado que se ha cobrado estos suelos catastralmente como urbanos cuando a efectos catastrales deben ser considerados como suelos rústicos, según la sentencia del Tribunal Supremo.
Sobre la tasa consorcial del año 2016, "las mentiras de Román, Verdier y Guerrero Bey del PSOE, y Palmero de IU, durante estos últimos cinco años diciendo que dicha tasa consorcial no la tienen que pagar los ciudadanos, sino que la pagaría el Ayuntamiento. Una vez más hemos visto el engaño de estos personajes del PSOE e IU, mintiendo descaradamente durante cinco años a los vecinos de Chiclana, pues el Consorcio, a través del Servicio de Recaudación de Diputación, viene notificando dicha tasa consorcial a los vecinos y esto hará que de nuevo tengan que rascarse el bolsillo los chiclaneros por la nefasta gestión de Román con el Consorcio sobre dicha tasa. Ahora nos sale la concejala Verdier, portavoz del Gobierno, diciéndonos a los chiclaneros que lo sentían mucho, que en su ánimo no está el que lo abonen los chiclaneros, pero que la abonásemos para no tener que pagar aún más en intereses demora y recargos”, indican desde Por un IBi Real.
La entidad afirma que "la pésima gestión del gobierno PSOE-IU, y más en concreto del alcalde, José María Román, y del concejal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ante el Consorcio, va a tener un coste de cerca de tres millones de euros para el bolsillo de los 64.000 contribuyentes de Chiclana".
Desde la asociación se aconsejó que no se abonase dicha tasa consorcial, sino que se recurriese dentro del plazo de los 30 días que señala la notificación. Para ello, se ha confeccionado un modelo de recurso contra dicha tasa consorcial el cual está a disposición de los vecinos en la web www.asociacionibichiclana.com
La portavoz de la asociación informó que "tiempo ha tenido en estos cinco años los señores Román, Guerrero Bey y Palmero de pagar al Consorcio dicha tasa consorcial del año 2016. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué les impide cumplir con sus obligaciones?".
A continuación, diversos portavoces de entidades sociales, vecinales y ecologistas, y vecinos de Chiclana iniciaron sus exposiciones.
Por parte de la asociación medioambiental Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, su portavoz, David Moreno, señaló que, "tras cuatro Planes Generales de Ordenación Urbana anulados en los tribunales, una buena parte de la ciudadanía esperaba con buena lógica, que algún responsable político y técnico asumiera su responsabilidad, al menos a la cuarta vez. Ya advertimos al alcalde en el pleno municipal de su ilegalidad en la tramitación del PGOU, y desatendieron nuestras reiteradas advertencias, a pesar de que se aportó abundante jurisprudencia al respecto, y ahora deben responder de este varapalo judicial".
"Esperamos que, a partir de ahora -advirtió el representante de esta organización ecologista-, que las decisiones que afecten al nuevo PGOU se adopten con total transparencia y participación ciudadana. Esperamos que la imprescindible evaluación ambiental a la que haya que someter al próximo PGOU, desde el principio, cuando todas las opciones estén abiertas, permita que todas las decisiones urbanísticas importantes sean las que garanticen, como impone el Derecho Comunitario y la Constitución Europea, un alto nivel de protección del medio ambiente".
Seguidamente tomó la palabra el representante de la Asociación de Vecinos La Coquina. Su presidente, Juan Orozco, expuso la situación que venían padeciendo los vecinos de la zona de La Coquina de Carboneros, sin saneamiento ni agua ni alumbrado público, falta de contenedores para reciclaje de los residuos sólidos urbanos, falta de limpieza de los caminos públicos, etc.
También asistieron los representantes de la junta directiva y vecinos de la Asociación de Vecinos del Caño Romeral, mostrando a través de pancartas sus reivindicaciones sobre la instalación de una antena de telefonía móvil en dicha zona, denunciando la dejadez de la delegada de Urbanismo, Ana González (PSOE), en dar solución.
Finalmente, tomaron la palabra varios vecinos quienes expusieron la situación que vienen padeciendo en el seno familiar con hijos en situación de desempleo y otros denunciando la difícil situación que viven ante la pandemia.
