La candidata socialista por Córdoba al Parlamento de Andalucía Isabel Ambrosio ha afirmado que el programa electoral con el que concurre el PSOE-A a las elecciones del 19 de junio recoge la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años: "En ese propósito coincidimos con el decálogo de mejoras del servicio de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía", que han hecho suyo.

"Las guarderías son mucho más que un lugar donde cuidan a nuestros hijos e hijas, puesto que son uno de los logros conquistados por su importancia en la educación de 0 a 3 años y por su contribución a una sociedad más moderna y avanzada", ha asegurado la socialista tras la reunión de trabajo mantenida junto al también candidato socialista Antonio Ruiz con la directiva del ente, que representa a casi 2.000 centros y alrededor de 114.000 plazas educativas concertadas.

Para Ambrosio, son "espacios de trabajo que tienen que estar considerados con una línea y una etapa más en la educación reglada", por lo que ha demandado que las relaciones de este colectivo "tienen que hacerse desde la Consejería de Educación, teniendo en cuenta que tiene singularidades, porque está claro que los bebés y los niños y niñas de menos de tres años no pueden tener las mismas condiciones que el resto de los alumnos".

"Coincidimos en los diez puntos del decálogo y entendemos, porque forma parte de nuestro programa electoral, que tenemos que ir a la gratuidad y a la universalización de 0 a 3 años, aprendiendo de la experiencia de la Coordinadora, y que hay que buscar la flexibilidad porque no todos los centros y localidades son iguales", ha reiterado.

También ha agradecido Ambrosio el "trabajo y esfuerzo" de estas escuelas "a pesar de las dificultades económicas que se les han puesto", incidiendo en que si el PSOE accede a la Presidencia de la Junta de Andalucía trabajarán para "establecer alianzas con la sociedad civil y los sectores productivos para reforzar los servicios públicos, en los que incluimos la enseñanza universal de 0 a 3 años, y avanzar en derechos como la igualdad y las políticas de conciliación, donde sin duda las escuelas infantiles juegan un papel protagonista".

Por su parte, el presidente de la Coordinadora, José Luis Victorio, ha agradecido la reunión de trabajo en la que han tratado el decálogo de mejoras del colectivo para reforzar el servicio y ha confiado en que se "tenga en cuenta y se solventen cuestiones relativas al alto porcentaje de plazas desocupadas y agilizar la burocracia, entre otros".

Andalucía, han indicado desde el PSOE, cuenta con unos 170 centros públicos de titularidad de la Junta de Andalucía con 12.435 plazas y 1.995 centros de titularidad privada adheridos al Programa de Ayuda a las Familias con 113.869 puestos escolares.

"Actualmente, un tercio de las plazas ofertadas están desocupadas, por lo que las escuelas se quejan de que atraviesan una difícil situación económica porque sólo perciben recursos de la Junta por plaza ocupada", han añadido los socialistas.

Victorio ha desgranado algunas de las necesidades del sector educativo de 0 a 3 años, que han recogido en un decálogo. Entre otros aspectos, los profesionales del sector han aludido a las "dificultades que están atravesando los centros por el alto índice de desocupación de plazas ya que, aproximadamente, el 35% de los puestos escolares ofertados están libres, lo que implica una enorme merma económica, ya que hablamos de centros que sólo reciben ingresos de la Junta de Andalucía por plaza ocupada".

Ha lamentado el "insuficiente precio por plaza actual" y, pese a que "es cierto que se incrementó un 15%, este valor está muy por debajo del 30% de subida que las escuelas están teniendo que afrontar en materia de costes salariales, suministros o mantenimiento de los espacios".

Por ello, el representante de CEI-A ha recalcado que, "además de extender la gratuidad del 0 a 3 años a través de una mejora en las bonificaciones a las familias, es imprescindible que esto se haga de la mano de una subida del precio por plaza a cargo de la Administración".

Otro de los puntos abordados fueron las "trabas administrativas a las que la Agencia Pública Andaluza de Educación está sometiendo a los centros, que no encuentran ningún interlocutor que aclare y solucione sus dudas, al mismo tiempo que los sanciona y expedienta paralizando los pagos".