El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Posadas (Córdoba) ha decretado el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones" que abrió el pasado octubre, tras admitir entonces a trámite la querella que había presentado el pasado septiembre el administrador único de Laboratorios Pérez Giménez, Sergio Martínez, contra los cinco administradores concursales de su empresa y contra el exdirector financiero de la misma, por la presunta comisión de los delitos de "amenazas, coacciones y revelación de secretos".
Sin embargo, tras la práctica de diversas pruebas testificales y documentales, el juzgado maleno, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, ha determinado que procede el archivo del procedimiento abierto, al entender que no existen indicios de la comisión de ilicito penal alguno.
Es más, en los fundamentos de Derecho de la resolución judicial se califica la querella como "inconsistente", llegando a afirmar el juez que no encuentra "indicios de criminalidad" en las grabaciones que ha aportado el querellante de conversaciones mantenidas por el mismo y por otras personas con los administradores concursales.
Lo que sí llega a concluir el juez maleno es que en las grabaciones solo se reflejan las que "más bien parecen posiciones enfrentadas en torno a las soluciones que hayan de darse a la empresa en concurso, sin que exista dato alguno revelador de amenazas o coacciones", tal y como fueron denunciadas por Sergio Martínez, mientras que sobre la cuestión de la supuesta revelación de secretos, en el auto se subraya que "la propia transcripción (de la grabación), difícilmente entendible, pone de manifiesto la vaguedad de la denuncia".
Por último, el juez afirma que lo que ha resultado determinante para el sobreseimiento de las diligencias previas que abrió el pasado año han sido dos autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que lleva el concurso de acreedores de Pérez Giménez.
El primero de esos autos, de septiembre pasado, desestima la pretensión de Martínez de separación de los administradores concursales, mientras que el segundo auto, de octubre pasado, el Juzgado de lo Mercantil acordó quitar a Martínez las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio de su empresa y otorgarlas, precisamente, a los administradores concursales.
Tales resoluciones, según el juez maleno, "ponen de manifiesto el evidente carácter instrumental" de la querella que presentó Martínez contra los administradores concursales, ahora archivada, con la intención "de que lo que no se consiguió ante la jurisdicción mercantil" pudiera "conseguirlo mediante la interposición" de la querella, ahora desestimada.
