El líder de Unión Cordobesa (UCOR) y concejal y diputado provincial de dicha formación en el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, el empresario Rafael Gómez, ha dicho este jueves que no tiene porqué sentirse contento ante el hecho de que la Fiscalía haya archivado la denuncia que presentó el también edil y diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín, contra él y otros dos concejales de su partido, por el uso supuestamente ilegal que podrían haber dado a las subvenciones públicas recibidas por los grupos de UCOR en la Diputación y el Consistorio, puesto que Gómez tenía claro desde un principio que el fiscal archivaría tal denuncia.
En declaraciones a los periodistas, Gómez ha subrayado que él sabía que la denuncia de Baquerín "no tenía ningún sentido" y, por tanto, "nunca" le ha preocupado, "porque, cuando las cosas se hacen bien, no tiene uno ninguna preocupación", siendo "lamentable", en su opinión, que su compañero de partido procediera como lo hizo, "cuando realmente eso no iba a ningún lado", puesto que en UCOR "lo único que se hace es trabajar por la gente y ayudar a las personas que lo necesitan", en la medida de sus posibilidades.
En consecuencia, en UCOR tienen "la conciencia tranquila", dado que "las cosas se están haciendo correctamente", de modo que "fue absurdo lo que hizo" Baquerín, a lo que Gómez ha añadido que, además, la Fiscalía no llegó a pedir a su formación documentación o aclaración alguna sobre el uso que da a las subvenciones públicas que recibe, lo cual ve lógico el líder de UCOR, ya que "cuando no hay un argumento" que lo justifique, "¿para qué van a hacer preguntas?", sobre todo porque "no hay motivos" para ello, opinando Gómez que lo que ha hecho el fiscal es "valorar lo que hacen unos y otros y lo ha tenido claro", mientras que en UCOR también tienen claro que hacen "las cosas como es debido".
La denuncia presentada por Baquerín contra Gómez y también contra el portavoz y la concejal de UCOR en el Consistorio, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar, recoge "una relación de hechos y documentos" referidos a la supuesta conducta delictiva de Gómez, Alburquerque y Aguilar por el mencionado "uso de las subvenciones económicas que los grupos municipal y provincial de Unión Cordobesa han percibido del Ayuntamiento y de la Diputación y que asciende, en total, a unos 140.000 euros aproximadamente".
Tales hechos, según se afirma en los fundamentos de derecho de la denuncia ahora archivada, "podrían encajar en la tipificación que dispone la legislación penal española relativa a los delitos de apropiación indebida, estafa, fraude y falsedad documental".
Baquerín, quien recordó en su momento que se vio obligado finalmente a denunciar los hechos para poder liberarse de cualquier responsabilidad propia en este asunto, lamentó que, "ni Gómez, ni Alburquerque, ni Aguilar hayan nunca accedido" a sus reiteradas solicitudes de justificación del gasto del dinero público que han manejado.
