La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, ha afirmado este martes que en la provincia hay más de 24.000 personas mayores de 65 años y dependientes que "no reciben ningún tipo de prestación", al tiempo que ha recordado que las políticas sociales y de atención a la dependencia están gestionadas por la Junta de Andalucía.
En una rueda de prensa, Obrero ha lamentado que la política social de la Junta "no tiene contenido ni consistencia, se limita a gestos, 'marketing' y anuncios que al final quedan en papel mojado, mientras que los grandes perjudicados de esta política de escaparate son nuestros mayores y dependientes".
El pasado mes de marzo la Junta aprobó una orden de concertación nueva para regular las plazas concertadas en centros residenciales y centros de estancia diurna. Esta orden vino acompañada de una alianza de garantías para la eficiencia en la mejora de la atención de los mayores en situación de dependencia, firmada con las organizaciones más representativas, lucrativas y no lucrativas, que prestan sus servicios de forma concertada con la Junta.
Ese documento recogía unos compromisos que la Junta asumía para mejorar y responder ante las carencias graves en la gestión de estos centros. "Pues hasta la fecha, la Junta incumple este acuerdo y con ello sigue poniendo en peligro la gestión de estos centros, a las entidades que prestan el servicios, a sus trabajadores y a los usuarios de los mismos", dice la parlamentaria cordobesa.
"El primer compromiso era elaborar un mapa de recursos en materia de dependencia en el primer semestre de 2014, para facilitar la gestión de los centros y la planificación futura de los recursos; un documento que no se conoce ni se le espera, por lo tanto primer incumplimiento", afirma.
El segundo compromiso era el proceso de reposición de plazas concertadas, que "continua haciéndose a un ritmo bajísimo", de manera que "la ralentización" en la tramitación de los expedientes llega a los seis meses desde que se hace la valoración hasta que se comunica el grado, el nivel y el recurso asignado a la persona dependiente.
El tercer compromiso era aumentar los niveles de ocupación en los centros residenciales hasta un 85% y en los centros de día hasta un 70%. "Estamos muy lejos de llegar a esos porcentajes, y en la actualidad hay 400 plazas residenciales concertadas sin cubrir y más de 300 en estancia diurna desaprovechadas a pesar de que hay muchos cordobeses esperando una plaza", advierte.
"EL PROBLEMA MÁS GRAVE"
Obrero ha hecho referencia a un informe elaborado por la Federación 'Lares' Andalucía que reconoce que "el problema más grave lo presentan los centros residenciales en áreas rurales donde no se llega al porcentaje establecido a pesar de que es donde residen la mayor parte de la población mayor de 65 años, donde están las personas con pensiones más bajas y donde menos recursos tienen para poder pagar una plaza privada".
"La Junta está creando usuarios de la dependencia de primer y de segunda clase, creando graves diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención según el territorio en el que viva", asegura.
Otro de los compromisos "incumplidos" por parte del Gobierno andaluz es la financiación y los plazos en el pago por la prestación de los servicios de atención residencial, centros de día y ayuda a domicilio. "La Junta sigue retrasando el pago más allá de los 120 días cuando el compromiso es de pagar a 60 días; además, Andalucía tiene un nivel de deuda crítico cifrado en 52 millones de euros de deuda con el sector de la dependencia", apunta.
Además, explica que la asignación de una plaza residencial por la Ley de Dependencia "se hace en un centro alejado del domicilio habitual y familiar del dependiente con la única intención de cumplir con la ratio del 85% de cobertura de plazas, rompiendo así con el entorno y creando serios problemas a las familias, hasta el punto que algunos mayores dependientes rechazan esa plaza".
Al respecto, detalla que la provincia de Córdoba tiene 145.000 personas mayores de 65 años, de los que 40.247 son dependientes. Ante esto, agrega, "la Junta puede ofertar tan solo 2.764 plazas en residencias y 877 plazas en centros de estancia diurna --según datos de una respuesta parlamentaria del Gobierno andaluz--".
A fecha 31 de agosto de 2014, 16.021 cordobeses eran beneficiarios de una prestación por dependencia, con lo cual hay 24.226 dependientes cordobeses que no reciben ninguna prestación. Ante esto, recuerda que "en los últimos tres años la Junta ha recortado un 21% de los beneficiarios de una prestación por dependencia".
Con todo ello, subraya que "solo se puede decir que la gestión de las políticas sociales que está haciendo el gobierno de Susana Díaz es insuficiente, deficitaria y pobre, además de caer constantemente en incumplimientos, recortes y retrasos lo que está provocando serios perjuicios en las entidades que prestan estos servicios, en sus trabajadores y en los usuarios".
"Es muy fácil coger la bandera de las políticas sociales para hacer demagogia y manipular, pero no pagar, no cumplir con lo prometido y mirar para otro lado, justamente lo que hace la Junta de Andalucía de PSOE e IU", señala Rafaela Obrero.
