El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, entiende necesario dotar de más funcionarios al Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, para que pueda hacer frente a la carga de trabajo que le supone la investigación del supuesto fraude de más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social, por que ya ha imputado a cerca de 600 personas.
En declaraciones a los periodistas, Sánchez Zamorano ha señalado que "la Admnistración de Justicia, en general, está falta de medios personales", de forma que la situación del citado juzgado cordobés "no es un caso aislado, pues son muchos más juzgados los que necesitan personal, tanto de jueces, como de funcionarios, para la terminación de las causas".
En cualquier caso, según ha argumentado, "una causa en la que se ya se habla de cientos de personas imputadas, pues será una causa que va a tener problemas de tramitación y habría que adoptar alguna medida para agilizar la misma", sin olvidar que ya se vislumbra "la problemática de la celebración del propio juicio oral", para el que habrá que "habilitar una infraestructura" específica "para acoger a todo ese número de personas si resultan finalmente imputadas y acusadas por el fiscal para sentarse en el banquillo".
Por eso, al margen de que será preciso "un local" adecuado para la celebración de la vista oral, para el presidente de la Audiencia resulta "evidente de que recursos humanos, funcionarios, hacen falta", si bien, otra cuestión es "la disponibilidad de la administración prestacional" para poder dotar de más personal al juzgado, "por la situación en la que estamos todavía de crisis, que no terminamos de dejarla" atrás.
Sánchez Zamorano ha hecho estas declaraciones después de que la juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba haya imputado a 150 personas más, supuestamente vinculadas con la empresa de venta ambulante Ataya. que se investiga en relación con el supuesto fraude a la Seguridad Social de más de 1,6 millones de euros.
CERCA DE 600 IMPUTADOS
Dicha empresa es nueva en este proceso, pero es propiedad del mismo empresario ya investigado por otras empresas, y con estos 150 nuevos imputados, por la supuesta comisión de delitos de fraude y estafa a la Seguridad Social, son cerca de 600 las personas las que están siendo llamadas ya a declarar ante la juez en el curso de la instrucción, la mayoría de manera presencial, pero también a través de videoconferencia.
Mientras tanto, ante el volumen de trabajo con el que se encuentra esta tramitación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha vuelto a solicitar a la Junta de Andalucía un funcionario de refuerzo.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmó a principios del año pasado el auto de imputación sobre las cerca de 400 personas que fueron imputadas en el inicio de la causa, con el fin de evitar que prescriban los delitos ante la prolongación de la instrucción del procedimiento, en la que parte de los imputados que son gerentes y asesores fiscales.
En este sentido, entre las personas imputadas, parte procede de otras provincias, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo y Barcelona, entre otras. Hasta el momento son más de 1,6 millones de euros supuestamente defraudados por los imputados, en su mayoría por ser perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo a través de los servicios de empleo.
PRESUNTOS CONTRATOS DE TRABAJO FALSOS
Las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012, a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009, según informó a finales de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, el presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones, tanto a las administraciones públicas, como a las mutualidades laborales.
Así, supuestamente realizaban devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.
