El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba ha acordado desestimar la petición del empresario Rafael Gómez para pasar al régimen de libertad condicional, después de que abandonó en marzo la prisión de Alcolea donde ha estado desde diciembre de 2017 tras ser condenado a cinco años y tres meses de cárcel y una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Al respecto, el empresario disfruta en estos momentos del tercer grado penitenciario, que cumple en el Centro de Integración Social (CIS), dependiente de Instituciones Penitenciarias y situado en el polígono industrial de Las Quemadas, en la capital cordobesa.
En este sentido, la Fiscalía, según ha adelantado el diario 'ABC', se había opuesto a la concesión de la libertad condicional al igual que el propio centro penitenciario, que la desaconsejaba al entender que no se encuentra preparado para la libertad provisional.
De este modo, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha atendido a estas razones para desestimar la petición de libertad condicional, aunque cabe recurso por parte de Rafael Gómez ante la propia Audiencia Provincial.
En concreto, Gómez lleva unos tres meses fuera de la cárcel, si bien aún tiene causas en fase de investigación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba investiga al expresidente de Arenal 2000 por la supuesta comisión de un delito de fraude a la Seguridad Social.
El nuevo proceso judicial abierto contra Gómez, que tiene 75 años, está en fase de instrucción, por lo que el juzgado ha solicitado una serie de diligencias a la Tesorería de la Seguridad Social. También está pendiente del indulto solicitado.
CONDENA DE CINCO AÑOS Y TRES MESES
La sentencia, confirmada por la Audiencia de Córdoba, consideró probado que el empresario cometió dos delitos, ambos en 2006. El primero a través de Arenal 2000, al dejar de ingresar a Hacienda 25,5 millones reduciendo la factura fiscal. El segundo, a través de Arenal 2001, siendo la cantidad defraudada de 3,2 millones y con un método similar.
En la resolución se subraya que "quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas del grupo era Gómez, mientras que su esposa e hijos eran meros empleados del entramado empresarial", estimando que "realmente no tenían conocimiento de la marcha y decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían".
Así, aunque el Ministerio Público pidió 40 años de cárcel para Gómez por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos, el juez dejó las penas para el empresario en algo más de cinco años y absolvió a los hijos y la mujer, a ésta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como partícipe a título lucrativo.
Como se recordará, Rafael Gómez fue condenado en el caso 'Malaya' por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
