El Real Betis celebrará este jueves una junta general extraordinaria de accionistas que supondrá la enésima encrucijada del club de Heliópolis en los tiempos recientes, al debatirse como único punto de su orden del día la continuidad del actual consejo y su planificación deportiva o una abrupta ruptura.
La elevación del tono dialéctico entre el presidente, Ángel Haro, y el aspirante y hasta hace poco su compañero de consejo, Rafael Salas, evidencia la trascendencia de un cónclave que tiene como puntos en el orden del día el 'cese y nombramiento del órgano de administración" y, en su caso, la ratificación del actual.
La atomización del accionariado verdiblanco y su agrupación en diferentes plataformas hace que, pese a que parta con cierta ventaja el actual consejo, nada esté cerrado de manera definitiva hasta la celebración de una junta que deberá ratificar la actual planificación o, en caso contrario, cambiarla de forma radical.
Ángel Haro y su vicepresidente, José Miguel López Catalán, tienen en su haber el proceso de modernización y profesionalización de las estructuras del club y el aval de terminar el cerramiento y remodelación del estadio Benito Villamarín; aunque en su debe tienen que la pelota no ha entrado y no se han cumplido las expectativas deportivas.
Cuenta su candidatura con los apoyos propios, en torno a un diez por ciento, y el de otras plataformas que ya han anunciado que no votarán a Salas quien, por su parte, también ha mantenido contactos con otro de los accionistas de referencia, el abogado Manuel Castaño, marcado por su etapa como vicepresidente con Manuel Ruiz de Lopera.
La Junta bética coincide con el juicio que se sigue contra Lopera en la Audiencia provincial de Sevilla por presunta apropiación indebida en su etapa en la presidencia del Betis y se produce después de varias negociaciones a muchas bandas para lograr un acuerdo extrajudicial que le dé estabilidad institucional al club.
También se celebrará meses después de que el consejo bético llegara a un acuerdo con Bitton Sport para reconocerle la propiedad del 51% de las acciones y también una opción de compra de este capital, que a su vez de lo adquirió en su día a Farusa, empresa ligada al expresidente Manuel Ruiz de Lopera.
Como consecuencia de este acuerdo, la ratificación del actual consejo bético o, en su caso, la elección de uno nuevo estará en manos de un 49 % de los accionistas béticos, ya que los derechos del 51 % restante se encuentran actualmente suspendidos como resultado del acuerdo con Bitton y de los procesos judiciales abiertos.
Este pacto, muy criticado por la mayoría de plataformas béticas, se hizo en busca de la "estabilidad societaria" y de reducir o eliminar los litigios, según afirmó en su día el consejo, que ante las seguras preguntas de los accionistas, tendrá que hacer valer la necesaria tranquilidad y paz social.
Pese a todo lo que se cuece en su periferia, el Betis prosigue las gestiones para planificar la próxima temporada y, del resultado de la junta del próximo jueves, dependerá que la gestión sea continuista o que se produzca una nueva convulsión en el seno del Villamarín.
Ángel Haro, presidente desde febrero de 2016, ha delegado la responsabilidad deportiva en su vicepresidente Lorenzo Serra Ferrer tras la decepción de la planificación de la temporada anterior por Miguel Montes Torrecilla; y fichado como cabeza visible de su nuevo proyecto al entrenador Quique Setién.
Por su parte, Rafael Salas se ha presentado ante el beticismo con un equipo cuya cabeza visible es el exjugador del Real Madrid, Betis y Barcelona Alfonso Pérez Muñoz; y con un programa más etéreo que el de Haro, basado en declaraciones de principios y buenas intenciones en la parcela deportiva.
En el caso del aspirante, sí es llamativa la crítica acerva y descarnada a un consejo del que ha formado parte hasta hace pocas semanas y de cuyas decisiones colegiadas no consta que haya un solo voto o pronunciamiento en contra por su parte, como le ha espetado desde su salida el propio Ángel Haro.
