El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell ha negado hoy haber ocultado comisiones por la compraventa de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol en el juicio en el que la Fiscalía le acusa de blanquear 20 millones de euros y quedarse con al menos 6,5 millones.
La Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio de Rosell, su esposa, Marta Pineda, su socio el abogado andorrano Joan Besolí, su amigo libanés Shane Ohanneissian y dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, que se enfrentan a penas de entre seis y once años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal que solicita el fiscal.
Al término de la sesión de hoy, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha anunciado que mañana la Sala comunicará su decisión sobre la petición de libertad de los dos acusados en prisión provisional desde mayo de 2017, Rosell y Besolí.
El primero en declarar ha sido Rosell, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Pau Molins, tras negarse a responder al fiscal, que pide para él 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa, por "tantas falsedades y errores" que, según él, contiene el escrito de acusación.
"No tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me imputa la Fiscalía y voy a defender mi prestigio y mi honor", ha terminado diciendo Rosell, que ha recordado que nunca había estado en un Juzgado, ni Hacienda le había inspeccionado ni a él ni a sus empresas hasta que llegó en 2010 a la presidencia del Barça, de la que ha confesado que dimitió 4 años después por las amenazas que recibió su familia.
Rosell ha recordado que antes de ser presidente del FC Barcelona ya se dedicaba al marketing deportivo a través de su empresa BSM y que se puso en contacto con él la empresa ISE que se encargaba de comprar contenidos con la compañía audiovisual de Arabia Saudí ART, competencia de Al Jazeera, que quería emitir partidos de fútbol.
Ha explicado que alcanzó en 2006 un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como intermediario de ISE tras ofrecer a la entidad deportiva el doble del dinero que les estaban pagando por los derechos televisivos de los partidos amistosos de la selección de Brasil.
De los 600.000 euros que les habían pagado en la temporada anterior por cada partido, él pasó a ofrecer 1.150.000 euros tras convencer al propietario de ISE diciéndole que "lo barato si lo pagas más caro termina dando más dinero".
Según su explicación, el contrato con la CBF por 25 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol alcanzó los 27 millones de euros y de esa cantidad ISE se comprometió a darle en torno al 10 por ciento por su actuación como intermediario.
Pero ha insistido en que "no hubo comisiones legales ni ilegales" derivadas del contrato con la CBF, sino "solo una retribución" a su empresa por parte de ISE y ha negado tanto que se repartiera las mismas con el entonces presidente de la Confederación, Ricardo Teixeira, como que blanqueara el dinero.
Rosell ha recordado que incluso cuando se presentó a las elecciones a la Presidencia del FC Barcelona canceló el contrato con ISE y dejó de cobrar 2,5 millones de euros sin saber si iba a ganarlas. "Pero era mi ilusión y así lo hice", ha apostillado.
Ha añadido que cuando fue elegido presidente del club decidió vender su empresa BSM y que ISE se la compró por trece millones de euros, que no terminó de cobrar en su totalidad.
Ha negado también que un pago que le hizo a Teixeira fuera para ocultar una comisión por el contrato de patrocinio de la marca Nike a la selección brasileña por un total de cinco millones de euros sino que fue para cancelar un préstamo que el expresidente de la CBF le había realizado para invertir en dos apartamentos en Andorra.
La esposa de Rosell, Marta Pineda, para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel, ha admitido que su marido la incluyó en la empresa BSM como apoderada para hacerse cargo de algunas firmas cuando él estaba de viaje, pero ha asegurado que ella no tomaba decisiones en los negocios.
Por su parte, Joan Besolí, que se enfrenta a una petición de diez años de prisión, visiblemente emocionado al relatar sus circunstancias personales cuando fue detenido -su hijo estaba en el hospital con una lesión medular-, ha defendido la legalidad de las operaciones con sociedades que realizó con Rosell y Teixeira a través del banco andorrano Andbank.
