El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de La Palma del Condado considera que existen "elementos suficientes" y que "concurren sólidos indicios" para sostener la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte del alcalde de Almonte, Francisco Bella, y de la concejal María Victoria Cáceres, por supuestamente realizar ésta una foto de una conversación de móvil entre el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), y el concejal del PSOE de Almonte, Miguel Espina, y exponerlo en el Pleno.
Así lo recoge el auto del Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez deniega la petición de archivo de la causa por parte del alcalde de Almonte y la concejal, al considerar "que existen elementos suficientes para sostener la presunta comisión de un delito", y ello "sin perjuicio de lo que eventualmente pueda decidirse en fase de enjuiciamiento". Todo esto, relacionado con las negociaciones de los ayuntamientos del entorno de Doñana por el reparto de fondos de las ayudas concedidas dentro del Marco de Actuaciones para el Parque Nacional.
El caso se inició por la querella interpuesta por el alcalde de Bonares, a la que posteriormente se sumó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte, al señalar que, con ocasión de la celebración del Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) del 8 de febrero de 2024, en el Teatro Salvador Távora de Almonte, María Victoria Cáceres, que se encontraba sentada detrás del querellante, "habría aprovechado su ubicación para realizar una fotografía a la pantalla del móvil de García, que se encontraba manteniendo una conversación de whatsapp con José Miguel Espina".
Posteriormente, mantiene el alcalde de Bonares en su denuncia que la concejal del equipo de Gobierno de Almonte (Ilusiona) "habría facilitado esa fotografía al alcalde, Francisco Bella, quien, a su vez, en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento del 9 de febrero de 2024, la habría exhibido, como una suerte de recriminación política a José Miguel Espina". A consecuencia de todo ello, tanto García como Espina interpusieron, respectivamente, una querella y una denuncia, "por haber sido interceptadas sus comunicaciones y haber sido expuestas públicamente después".
Ante esto, el juez señala en su auto que "los indicios que sostienen la perpetración de las conductas antes descritas son manifiestos", así como que "en ningún momento se ha negado que se exhibiese dicha conversación en el propio acto de Pleno" pero que el alcalde "expuso que el documento que contenía la fotografía de la conversación se la había facilitado un funcionario, y que, en todo caso, lo hizo porque se trataba de información de conocimiento público".
Considera el juez que "no es discutido que la conversación se exhibiese en el pleno" ni que la conversación pertenece al ámbito privado, puesto que aunque "la argumentación de los investigados referente a que la comunicación exhibida y obtenida, versaba sobre contenido de público conocimiento" el hecho de que la propuesta "fuese de contenido público o fuese una cuestión pública, en modo alguno socava el carácter privado de la interacción de los intervinientes en la conversación".
"Lo relevante, y lo que realmente entra bajo el paraguas de la privacidad de los intervinientes en la comunicación, no es solo el contenido, sino también el hecho de estar produciéndose la comunicación misma entre las personas que la protagonizan", señala antes de añadir que esto "es un hecho que tiene relevancia en sí mismo, y así lo sostiene el que uno de los querellados, Francisco Bella, lo usase para recriminar a Espina en el contexto de una confrontación política", remarca el auto.
Al respecto, apunta que "así queda evidenciado" cuándo el alcalde reprocha en dicho pleno al concejal socialista que le hubiera dado "el visto bueno" a la propuesta que los ayuntamientos le habían hecho al ministerio", apreciación que considera el juez que "no puede ser calificada de público conocimiento tan a la ligera" y que "en consecuencia, la privacidad de la comunicación no queda reservada al contenido, sino al hecho de haberse producido, y de haber intervenido en ella dos personas concretas".
Asimismo, señala que "resulta paradójico que en los escritos de petición de sobreseimiento se haga alusión a que se trata de un mensaje que no contiene información y que jamás podría perjudicar a nadie, cuando dicha comunicación se utilizó como arma en el contexto de una discusión política en un acto de pleno" y que "se obvia que puede ser información reservada, o secreto el hecho de mantener conversaciones con una determinada persona, con independencia de su contenido".
LA TOMA DE FOTOGRAFÍA
De otro lado, con respecto la concejal de Ilusiona, señala que "igualmente concurren sólidos indicios sobre su autoría en la toma de la fotografía". En este sentido, apunta que "obra en autos la grabación del acto de pleno del MAS, donde se constata que aquella, sentada detrás del querellante, desbloquea su terminal móvil, accede a la cámara, efectúa un zoom y enfoca el terminal móvil de Juan Antonio García, que lo estaba utilizando en ese momento".
Expone el auto que aunque la concejal "declaró en sede judicial que no pudo efectuar la fotografía", el relato "no es verosímil ni casa adecuadamente con el visionado del vídeo del pleno del MAS ni con el hecho de que dicha conversación, presuntamente fotografiada por Cáceres, apareciese al día siguiente en el pleno del Ayuntamiento de Almonte, y además, fuese entregada por la propia concejal al alcalde", toda vez que señala que "ninguno de los dos identificaron a esa otra supuesta persona que les habría facilitado el contenido de una conversación privada".
Por todo ello, el juez indica que, "de lo antes expuesto se desprende que, pudiendo ser estos hechos constitutivos de revelación de secretos" en el que "habrían tenido participación en concepto de autores Francisco Bella Galán y Victoria Cáceres", por lo que acuerda que se continúe el proceso y pide a las partes y al Ministerio Fiscal que digan si piden ir a juicio oral, así como les insta a la presentación de escrito de acusación.
