Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, que ha querido dejar claro que la Junta no tiene "ninguna duda" de la "voluntad política" del Gobierno para cerrar un acuerdo satisfactorio, que no ha sido posible por "dificultades jurídicas" advertidas por los servicios jurídicos del Estado, y ha avanzado que el Ejecutivo andaluz seguirá reclamando estas competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.
Este anuncio se produce después de que Gobierno y Junta no hayan logrado cerrar un acuerdo sobre la transferencia de la gestión a la comunidad autónoma de las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio. El límite para alcanzar el acuerdo era este viernes, cuando finaliza la prórroga de la encomienda de gestión que se firmó el pasado día 7.
Ambas administraciones han estado trabajando hasta el último momento para intentar cerrar un acuerdo. Miembros de la Junta se han trasladado a Madrid en los últimos días para mantener reuniones con miembros del Gobierno central e intentar alcanzar un acuerdo.
Como se recordará, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, firmaron el pasado día 7 en Córdoba la prórroga, hasta el 21 de octubre, del convenio de colaboración entre ambas administraciones por el que se encomienda al Gobierno andaluz la realización de determinadas actividades relativas a la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad.
El convenio de encomienda de gestión que el día 7 de este mes se prorrogó fue firmado el pasado 7 de abril y su duración era de seis meses. La encomienda de gestión prorrogada se planteó como una medida temporal y provisional cuyo objetivo es garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público y que es necesaria para la adecuación al ordenamiento jurídico de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo.
Gobierno y Junta tuvieron que acordar la prórroga de la encomienda de gestión debido a que a última hora surgieron algunos problemas de índole jurídica a la hora materializar la transferencia que se debían resolver y ello hizo imposible que en la primera semana de este mes se celebrara una comisión mixta de transferencia para cerrar un acuerdo definitivo.
