En su informe 'Promesas rotas: los gobernantes militares de Egipto socavan los Derechos Humanos', la organización ha documentado la actuación del Ejército en el campo de los Derechos Humanos tras la caída de Mubarak, en el mes de febrero.
La publicación del documento llega después de varios días en los que las Fuerzas Armadas han lanzado una dura campaña de represión contra los manifestantes que piden la transición hacia un Gobierno civil, y que ha dejado ya decenas de fallecidos y cientos de heridos entre los concentrados en la plaza Tahrir, punto emblemático de las protestas ciudadanas contra Mubarak.
"Con el uso de los tribunales militares para juzgar a miles de civiles, la represión contra protestas pacíficas y la extensión de la vigencia de la Ley de Emergencia de Mubarak, el Consejo Supremo ha continuado con la tradición de mandato represivo contra el que los manifestantes del 25 de enero lucharon duramente", ha dicho el director del AI para Oriente Próximo y Magreb, Philip Luther.
"Aquellos que han desafiado o criticado al Consejo Supremo --como manifestantes, periodistas, blogueros, huelguistas-- han sido suprimidos sin piedad, en un intento de silenciar sus voces", ha agregado.
"El balance de la actuación en Derechos Humanos del Consejo Supremo muestra que, tras nueve meses al frente del país, los objetivos y aspiraciones de la revolución del 25 de enero han sido aplastados. La respuesta dura y con mano de hierro a las protestas en los últimos días superan todos los récords de la era Mubarak", ha apuntado Luther.
Así, AI ha subrayado que el Gobierno militar ha cumplido pocas de las promesas realizadas en sus múltiples alocuciones públicas y que la situación en algunas áreas ha empeorado aún más. En agosto, el Consejo Supremo admitió que alrededor de 12.000 civiles de todo el país habían sido juzgados por tribunales militares y que, al menos, trece habían sido condenados a muerte.
Los cargos que pesan contra los acusados incluyen vandalismo, ruptura del toque de queda, provocar daños a la propiedad e insultar al Ejército. El caso del prisionero de conciencia Maikel Nabil Sanad, un bloguero sentenciado a tres años de cárcel en abril por criticar a las Fuerzas Armadas y rechazar realizar el servicio militar, se ha convertido en simbólico.
Tras iniciar una huelga de hambre en agosto, las autoridades carcelarias le denegaron la medicación que necesita para cuidarse de su enfermedad coronaria. Continúa en prisión mientras su caso está siendo revisado por otro tribunal tras una apelación presentada en el mes de octubre.
"En un claro intento de suprimir los informes negativos por parte de los medios de comunicación, muchos periodistas y organismos de radiodifusión han sido llamados ante el fiscal militar. la presión del Ejército ha provocado la cancelación de varios eventos de gran calado", ha añadido AI.
"El Consejo Supremo prometió en sus primeros comunicados 'cumplir con su papel de líder en la protección de los manifestantes independientemente de sus opiniones', pero las fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército, han aplastado violentamente múltiples protestas, con el resultado de muertos y heridos", ha recalcado Luther.
En este sentido, AI ha citado la represión de la manifestación copta del 9 de octubre, en la que fallecieron 28 personas a causa de disparos y por aplastamiento tras ser atropellados por vehículos blindados. Tras la misma, el Ejército anunció que llevaría a cabo la investigación, en lugar de dejarla en manos de una organización independiente.
USO DE MATONES Y TORTURA
AI ha puntualizado que tiene informes persistentes que apuntan al uso de matones armados o 'baltagiyas' para atacar a los manifestantes. Ésta fue una táctica utilizada por Mubarak para suprimir las protestas e infundir miedo de cara a evitar manifestaciones futuras.
Además, la organización ha subrayado que el uso de tortura durante la detención ha continuado durante el Gobierno militar. En septiembre circuló un vídeo en el que soldados y policías aparecían dando una paliza y 'electroshocks' a dos manifestantes, pero tras llevar a cabo una investigación, el fiscal militar rechazó el vídeo por ser un "montaje" sin dar más detalles.
AI ha acusado al Consejo Supremo de usar promesas de investigaciones para evitar las críticas sobre violaciones de los Derechos Humanos, pero ha fracasado a la hora de cumplir. Según la organización, ninguno de los responsables de estos abusos ha sido llevado ante la justicia.
"En un ejemplo claro, el Consejo Supremo anunció el 28 de marzo que investigaría el uso de 'tests de virginidad' forzosos por parte del Ejército para intimidar a 17 mujeres manifestantes el 9 de marzo, pero no se ha hecho pública ninguna información sobre la investigación. Por contra, la única mujer que ha presentado una queja contra el Consejo ha sido sometida a persecuciones e intimidación", ha manifestado AI en su último informe.
AI también ha declarado que fuerzas militares han llevado a cabo desalojos forzosos de los residentes de los barrios pobres de Egipto después de que asumieran funciones policiales a principios de 2011, y ha solicitado que se ponga fin a esta práctica.
Asimismo, la organización humanitaria ha solicitado a las autoridades egipcias --incluyendo el Consejo Supremo-- restaurar la confianza en las instituciones públicas a través de la investigación correcta y transparente de los abusos cometidos contra los Derechos Humanos y la supresión de la Ley de Emergencia.
Pese a que el secretario general de AI, Salil Shetty, solicitó en junio la supresión de la misma, en septiembre el Gobierno decidió extenderla para cubrir delitos como bloquear el tráfico y las carreteras, publicar rumores en los medios de comunicación, poseer y comerciar con armas y "asaltar la libertad a trabajar". Los detenidos bajo esta ley son juzgados ante tribunales especiales conocidos como Tribunales Supremos de Seguridad del Estado.
"El Ejército egipcio no puede seguir usando la seguridad como una excusa para mantener las antiguas prácticas que se vieron bajo el Gobierno de Mubarak", ha dicho Luther.
"Si no hay una transición efectiva hacia el nuevo Egipto que los manifestantes solicitan, el Consejo Supremo debe aminorar su presión sobre las libertades de expresión, asociación y asamblea, levantar el estado de emergencia y detener el juicio contra civiles en tribunales militares", ha apostillado.
