No obstante, el sindicato ha indicado que ya está en contacto con sus diferentes órganos de decisión para analizar los efectos de la reforma y estudiar medidas de respuesta en diferentes ámbitos. Además, está esperando a la concreción de los Presupuestos Generales del Estado y su eventual efecto en el funcionamiento de los servicios públicos para tomar decisiones.
Por si acaso, el sindicato de funcionarios ha dejado claro al Gobierno que su "línea roja" son los ERE que la reforma laboral permite hacer en las amdministraciones públicas.
"La reforma laboral propiciará la destrucción de empleo también en el sector público ya que, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán despedir al personal laboral que accedió a su plaza mediante oposición aduciendo causas, técnicas, organizativas y de la producción igual que en la empresa privada", alega.
El objetivo de CSI-F, que se está reuniendo estos días con los Grupos Parlamentarios para hablar de la reforma, es que esta ley no afecte al personal que obtuvo su plaza mediante un proceso selectivo y que se prohíban los ERE en los servicios públicos.
