Este era el objetivo, como ha explicado el vicepresidente segundo y responsable del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, Bernardo Villar. El referido decreto-ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de febrero. En él se especifica que los Ayuntamientos deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores antes del próximo 15 de marzo.
El proveedor para tener derecho de cobro de sus facturas tiene que tener obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros efectuados antes del pasado 1 de enero, siempre que sean contratos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público. Por su parte, las entidades locales deberán permitir a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afectan. La documentación remitida permitirá elaborar un plan de ajuste, que la corporación local deberá aprobar antes del próximo 31 de marzo.
Este plan de ajuste es un requisito previo para que las entidades locales puedan acceder a los mecanismos de financiación establecidos por el Gobierno de la Nación. Queda abierta la posibilidad de refinanciar la deuda de las mismas en un plazo de diez años, con dos de carencia. Para ello, el Gobierno informó el pasado jueves a la Federación Española de Municipios y Provincias de que el importe total previsto puede ascender hasta los 18 mil millones de euros.
Con estas actuaciones se trata de garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de los Ayuntamientos, para que cuenten con una adecuada financiación los servicios públicos que prestan, además de recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos de funcionamiento y la amortización de las operaciones de endeudamiento que pudieran solicitar.
Fomento de las economías locales y el empleo
El pago a los proveedores va a poder recompensar a los pequeños y medianos empresarios locales, que han venido suministrando en los últimos años a las entidades locales, ha apuntado el diputado de Hacienda, Recaudación y Contratación, Juan Antonio Liaño. Inyectar en estos momentos en las economías locales tendrá también su repercusión en el aumento del empleo.
Liaño también ha expresado que esta actuación trata también de ajustar la administración local para solucionar el problema de financiación de los últimos años.
Esta jornada técnica forma parte del intenso trabajo de los técnicos de la Diputación de Cádiz para informar y colaborar administrativamente con los municipios y las entidades locales de la provincia. Un esfuerzo que ha querido dejar patente el vicepresidente Bernardo Villar.
