El Tribunal Supremo ha anulado los efectos administrativos -cancelación de antecedentes- del indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011, cuando ya se encontraba en funciones, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz. El banquero había sido condenado a tres tres meses de arresto e inhabilitación por denuncia falsa.
El Alto Tribunal estima que el Gobierno socialista se excedió en la aplicación del indulto al pretender que la condena impuesta a Sáenz por un delito doloso no le afectara a la hora de serle aplicada la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero.
Esta normativa impone el requisito legal de "honorabilidad", imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.
Por unanimidad de los ocho magistrados que integran la Seccion Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo acoge el recurso presentado por varios empresarios a los que Sáenz acusó falsamente de estafa durante su etapa de Banesto.
El recurso sólo afectaba a un párrafo del indulto, el relativo a la incidencia de la medida de gracia en la normativa bancaria que inhabilitaba al banquero. En concreto, los recurrentes consideraban "ilegal" el párrafo del Real Decreto que excluye "cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto".
Sáenz fue condenado a raíz de una denuncia presentada por los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González Mestre y los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero García, que fueron detenidos en 1994 por el juez en Barcelona posteriormente expulsado de la carrera Lluís Pasqual Estevil. Banesto, de la que Sáenz era entonces presidente, les reclamaba más de 600 millones de las antiguas pesetas.
Tras decaer esta acción por estafa, los empresarios actuaron contra Sáenz y otros directivos por denuncia falsa y en diciembre de 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó a seis meses y un día de prisión y a multa por denuncia falsa. Posteriormente, la pena fue rebajada por el Supremo.
Según el recurso admitido unánimemente este martes por el Alto Tribunal, el departamento de Justicia a cargo de Francisco Caamaño concedió un indulto que excede lo regulado la Ley de 18 de junio de 1870, en la que se establecen las reglas del indulto. Según estas reglas, las medidas de gracia deben referirse sólo a delitos y penas accesorias, y no a decisiones administrativas.
El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó la solicitud de Sáenz de no inscribir la sentencia condenatoria del Supremo en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia hasta la resolución del indulto y del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros concedió al consejero delegado del Santander un indulto parcial que conmutó la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación, que no supera los 3.000 euros.
EL GOBIERNO Y EL BANCO DE ESPAÑA APLICARÁN EL FALLO
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha eludido pronunciarse este martes sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y se ha limitado a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.
"No tengo nada que comentar, respeto absoluto a las sentencias del Supremo", ha dicho Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin, durante la cual ha conocido el fallo. "No tenga usted la más mínima duda de que tanto el Banco de España como el Gobierno aplicarán la ley al respecto, como no puede ser de otro modo, y respetarán las sentencias", ha resaltado.
NUEVA NORMA SOBRE HONORABILIDAD DE DIRECTIVOS BANCARIOS
Por lo que se refiere a la nueva norma que prepara al Gobierno sobre honorabilidad de los directivos bancarios, que permitiría al Banco de España autorizar a banqueros condenados a seguir ejerciendo en determinados casos, el ministro de Economía ha sostenido que este reglamento "no va a favor ni en contra de nadie".
Guindos ha explicado que la norma responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea y que todavía no está en vigor, sino que se ha sometido a consulta pública y el Gobierno tomará una decisión final una vez que haya escuchado todas las opiniones.
"No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad", ha sostenido el ministro el ministro de Economía.
