El juicio oral a los catorce directivos de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. acusados de estafar más de 1.900 millones de euros a 190.000 familias ha arrancado en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) este jueves, casi diez años después de que se destapara la estafa.
En esta primera sesión del juicio, que se prolongará como mínimo hasta enero, se verán las cuestiones previas a los interrogatorios de la cúpula de la compañía, que incluye al presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cano Cuevas; al fundador, Albertino de Figueiredo; y a los consejeros Carlos de Figuereido y Vicente Martín Peña, a la sazón director general de Inversiones del grupo.
No obstante, también se sentarán en el banquillo de los acusados Emilio Ballester López, Francisco Guijarro Lázaro, Joaquín Abajo, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide, Gregory Manning, Francisco Blázquez, Ramón Soler y Juan y Jordi Domingo Brualla.
La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.
CONDENADOS POR LO MERCANTIL
De hecho, en octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a Cano Cuevas, Carlos Figuereido y Vicente Martín Peña al pago mancomunado de 1.825 millones de euros y a inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos o ejercer comercio alguno, además de retirarles cualquier derecho como acreedores y obligarles a devolver los bienes obtenidos indebidamente del patrimonio de la sociedad.
En ese juicio mercantil se concluyó que los condenados habían contabilizado de forma incorrecta las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos, habían sobrevalorado los sellos y su revalorización y habían retrasado de forma deliberada la declaración del concurso, lo que empeoró la situación de Afinsa.
Sin embargo, se absolvió al fundador de Afinsa, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y a otros colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.
ESTAFA PIRAMIDAL "RUINOSA"
Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".
El uso de un esquema piramidal, recogido en el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal, en el que el capital invertido por nuevos clientes se utilizaba para abonar unos beneficios que no eran reales, y los artificios contables de la sociedad que avalaba su auditor permitieron mantener la empresa a pesar de sus pérdidas.
No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".
Así, el perjuicio económico causado por este negocio "ruinoso" que se llevó a cabo entre 1998 y 2006 alcanzó los 2.574 millones de euros que, tras restarle los activos, arroja una cifra de 1.928 millones de euros de pasivo exigible por los contratos de inversión vigentes en mayo de 2006.
MÁXIMA PENA
En estas circunstancias, la mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa, que se enfrenta a 19 años de prisión; para Carlos de Figueiredo, para quien se piden 16 años; Albertino de Figueiredo y Vicente Martín Peña, con 15 años cada uno; y Emilio Ballester, que podría recibir una pena de hasta trece años de cárcel.
Completan la relación Joaquín Abajo (once años), Francisco Guijarro (ocho años), Gregory Manning (cinco años), Esteban Pérez (cuatro años), Ramón Egurbide (cuatro años), Ramón Soler (tres años y un día), Francisco Blázquez (dos años y un día), Juan Domingo Brualla (dos años y medio) y Jordi Domingo Brualla (dos años y medio).
En el juicio, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que actúa como acusación popular, pedirá las mismas penas que el Ministerio Fiscal y además reclamará una fianza de 1.500 millones de euros para que los acusados respondan de los daños causados a los afectados, un grupo de los cuales asiste al juicio.
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción, que representa a más de un millar de afectados, pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de Afinsa y los directivos Albertino de Figuereido, Carlos de Figuereido, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Joaquín Abajo, Ramón Egurbide y Esteban Pérez Herrero, así como otros responsables de la entidad.
El pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid también condenó a seis administradores de Fórum Filatélico a pagar mancomunadamente 2.200 millones de euros de la masa, el 16,6% del déficit concursal, así como a inhabilitación y pérdida de derechos como acreedores. Aún debe celebrarse el juicio penal por este caso.
